El jueves 9 de febrero de 2017, el Lic. Ramón Fonseca Mora, mientras se encontraba en las instalaciones del Ministerio Público, antes de ser indagado por la supuesta comisión de delitos en contra del orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, hizo una serie de señalamientos en contra del Presidente de la República, Ing. Juan Carlos Varela Rodríguez y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Lic. José Eduardo Ayú Prado.
Al respecto, es importante recordarle a la ciudadanía que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), es el organismo rector en materia de Derecho de Petición y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Transparencia, Ética, y Prevención contra la Corrupción.
El ámbito de acción de la ANTAI, es la realización de investigaciones administrativas, por las faltas que puedan cometer los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, por lo cual, el hecho denunciado por el Lic. Fonseca Mora no constituye falta administrativa.
La aseveración del Lic. Fonseca Mora, en relación a que el Presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez había recibido donaciones de la empresa Odebrecht, fue desmentida horas después, por el propio Presidente de la Nación, con la publicación voluntaria de su lista de donantes de campaña, iniciativa que debe ser emulada por todos los candidatos a puestos de elección popular, para esclarecer quiénes son los que recibieron fondos de esta empresa, que fue sancionada por corrupción en su país de origen, así como en otras jurisdicciones.
La Lcda. Angélica Maytín, Directora General de la ANTAI, desde el momento que se dieron las declaraciones del Lic. Fonseca Mora, solicitó a los Diputados, retomar la discusión de la Ley de Reformas Electorales, de tal forma que se prohíba que las empresas contratistas con el Estado no puedan hacer donaciones a campañas electorales, así como el establecimiento de la obligación de hacer pública la lista de donantes, y por último también recomendó que se prohíba el financiamiento privado.
Aunado a ello, la Lcda. Maytín también exhortó a los diputados, incluir en la reforma la Ley de Contrataciones Públicas una prohibición para que las empresas sancionadas por actos de corrupción en el extranjero, no puedan ser contratistas del Estado.
Esta solicitud fue realizada desde el año pasado, al Presidente de la República, para que vetara la precitada Ley, por no incluir esta prohibición, pero no fue tomada en cuenta.
Por lo demás, es función exclusiva del Ministerio Público la investigación penal de los delitos, y por tanto desde la ANTAI solamente estamos facultados para proponer frente a los Órganos del Estado políticas de transparencia y acciones contra la corrupción, como lo son las reformas legales precitadas, y otro paquete de normas que hemos remitido al Ejecutivo con anterioridad, con el firme propósito de robustecer el marco legal anticorrupción vigente.
La ANTAI apoya las investigaciones que realiza el Ministerio Público, en relación al caso Lava Jato, y confía que recibirán el apoyo económico necesario para llevar adelante tan compleja investigación, que trasciende fronteras y que pone a prueba a la clase política y al sistema judicial panameño.
