Por: Roberto Ruiz Diaz – Abogado
Normalmente hemos discutido y tratado de legislar en el tema, del respeto a la afiliación política de los servidores públicos y que no debe existir la obligatoriedad de que los mismos asistan o formen parte de grupos políticos, so pena de ser destituidos, trasladados o desmejorados en sus puestos. El tema ha sido debatido por muchos años y de alguna manera se ha logrado que este tipo de presión o coacción, vayan disminuyendo. Pero ¿que sucede cuando pasa en la empresa privada?
Las empresas privadas, entes que muy poco son escrutados por la ciudadanía, precisamente, porque sus empleados y salarios no son pagados o nombrados por los sectores políticos y definitivamente porque en su gran mayoría respetan el sentido de la participación y afiliación política libre y espontánea. Pero que se esconde de otras empresas, cuando tienen intereses partidistas o por determinados candidatos a cargos de elección popular. Se las pasan presionando directamente y por medio de acciones, para que los empleados tengan que asistir o apoyar a quien los dueños crean que les conviene a ellos.
No es que estas empresas perseguidoras, busquen el bien común, por el contrario estas apuestan a ver que candidato y futuro representante, alcalde o Diputado, le sirve mejor a sus intereses, no les interesa el beneficio de las comunidades, ni tan siquiera de donde están instaladas sus propias empresas. Los mueven las malas prácticas de antaño, de utilizar en forma abierta y sin el menor control judicial, las tácticas de coacción, coerción, amenazas o presiones de todo tipo, para obligar a sus empleados a que formen parte de equipos o candidaturas, sin darle el derecho a discernir o escoger, como lo estipula nuestra constitución.
El Código Electoral, en su articulo 387 señala que se sancionara con pena de prisión de 6 meses a 3 años y suspensión para el ejercicio de cargos públicos, a todos aquellas personas, que “Ejerzan coacción u obliguen, a los servidores públicos o a los empleados de empresas privadas, mediante la elaboración de listas, amenazas o presiones de cualquier naturaleza, a asistir o a realizar trabajos para candidatos o partidos en determinada actividad partidista”.
Conforme dicha norma, es menester comunicarles, a todos los lectores, que forman parte de las empresas privadas, así como a los servidores públicos del Estado panameño, que allí tienen una herramienta, y los invito a todos denuncien este tipo de irregularidades, pues solo así acabaremos con la mala practica de antaño, de políticos tradicionales y empresarios inescrupulosos, que pretenden mediante el miedo, la amenaza y la coacción, influenciar en la mentalidad de los ciudadanos, que por necesidad prestan servicio para una de esas dependencias.
Desde ya, debemos ponerle un alto a estas situaciones, llevando y denunciando ante la Fiscalia Electoral, en toda la geografía nacional, incluso en forma anónima, estas situaciones, sin importar a que actividad se dedique la empresa para la cual laboran, sea de la ciudad o del campo, se dedique al comercio al por menor, o al por mayor, sea una industria o una actividad con regulación especial. De allí que me comprometo, a ser vigilante y denunciar todas estas prácticas, y garantizar la libertad que nos garantiza la declaración de los Derechos Humanos, para elegir y ser electos, sin presión de ningún tipo.
Solo en esa medida, podremos ser justos y reclamar esa justicia, pues si queremos hablar de “manos limpias” o “De Corazón” o “Que ganemos Todo” o bien “caminar en los zapatos del pueblo”, debemos entender que con la imposición, y las practicas corruptas, que no sancionamos en publico, jamás podremos construir una verdadera patria nueva y seguiremos siendo un país que viola los derechos humanos de nuestros ciudadanos. Así veo las cosas y así las cuento.
