Países de América Latina están aplicando instrumentos de políticas del mercado de trabajo para afrontar la crisis.
(12 de junio de 2009) Los gobiernos han anunciado políticas para atenuar los efectos negativos de la crisis y estimular la demanda agregada de las economías. Varias de ellas buscan enfrentar el impacto en el empleo y remuneraciones. Pero las políticas laborales también deben conjugarse con aquellas orientadas a la protección social, señalan la CEPAL y OIT en su boletín Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe: crisis y mercado del trabajo.
Actualmente numerosos países utilizan políticas fiscales y monetarias anticíclicas para contrarrestar el impacto de la crisis económico-financiera internacional, lo que tiene consecuencias favorables para el empleo. Sin embargo, el espacio fiscal disponible en los países difiere ampliamente, así como la reducción en las tasas de interés ha sido dispar.
También se promueven políticas en el mercado laboral: potenciar esfuerzos de los servicios de empleo y capacitación; ampliar las coberturas de seguros de desempleo y cesantía; programas especiales de empleo; y fortalecer el diálogo en defensa de las fuentes de empleo, la sostenibilidad de las empresas y el trabajo decente.
En su boletín conjunto CEPAL y OIT detallan los instrumentos aplicados por los países en el contexto de la crisis, los cuales se basan en los avances de las políticas del mercado de trabajo desarrolladas en las últimas décadas.
Ambas instituciones destacan la importancia de reforzar estos instrumentos tanto para evitar que la crisis afecte sobre todo a los más vulnerables, como para estabilizar la demanda interna.
En la actual coyuntura, proponen adaptar varios de estos instrumentos. Sugieren enfatizar la reconversión de trabajadores que pierden el empleo, desarrollar mecanismos para evitar despidos que incluyan el uso de capacitación y programas de empleo de emergencia, entre otros.
Como las políticas del mercado de trabajo no alcanzan a toda la población vulnerable, estiman importante ampliar la protección con programas de protección social aplicados en varios países.
Entre ellos resaltan instrumentos no contributivos (programas de transferencias condicionadas), como Bolsa Familia, de Brasil; Familias en Acción, de Colombia; Red solidaria y Alianza por la familia, de El Salvador; Mi familia progresa, de Honduras; Solidaridad, de República Dominicana; y otros programas similares en Paraguay, Chile y Costa Rica.
