El director de la CSS, Alfredo Martiz, al rendir cuenta ante la Asamblea Nacional, destacó tres elementos importantes para asegurar la institución, elevarla al rango de Título Constitucional, el fortalecimiento económico del Programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y crear una autoridad nacional para facilitar el abastecimiento de medicamentos.
Martiz, al rendir cuenta, destacó que debe haber un compromiso de Estado con todos los actores para que se genere un pacto destinado a fortalecer un sistema público de salud y definir, una vez por todas, cuáles serán las medidas a tomar para salvaguardar a la CSS.
Propuso mecanismos para generar mayores ingresos a la CSS, como la utilización de tierras, dentro de las estructuras de la entidad, para proyectos de energía solar, lo que vendrían a generar dineros para el fondo del Programa de IVM, además de convertirse en partícipe en aportar dineros para proyectos de desarrollo nacional (autopistas, la tercera línea hacia La Chorrera y participar en bonos del aeropuerto o bonos del Canal de Panamá).
El Director promovió también que la entidad sea elevada a Título Constitucional, equivalente al rango que tiene el Canal de Panamá, que le permita al Seguro estar blindada de cualquier situación que le pueda afectar.
Resaltó que estas propuestas van a rendirle a la primera entidad de seguridad social y a todo el país la garantía de estabilidad, en los próximos años. Subrayó que, de no tomarse los correctivos en estos momentos, el país sufrirá las consecuencias.
Martiz, quien fue citado por el pleno para responder a un cuestionario de 10 preguntas, precisó que la Contraloría realiza la auditoría a los estados financieros para los periodos terminados de los años 2013, 2014, 2015 y 2016.
En cuanto al tema de abastecimiento, lamentó la existencia de un proceso burocrático en la adjudicación, elaboración y refrendo. Luego, conlleva a una tarea de impugnación y eso toma tiempo.
El doctor Martiz considera que el Estado debe empezar a regular, de manera eficaz y segura, que es lo que necesita la nación y para eso es fundamental la participación de todos los ciudadanos.
Además sostuvo que un proveedor, cuando se siente afectado, impugna la licitación y al hacerlo no solo impugna a veces un renglón, sino todos los renglones.
A su juicio, es imperante que el Estado camine hacia un marco regulatorio expedito, con la mayor transparencia y, de ser posible, que camine hacia una autoridad nacional que sea la que rija las compras macro y de precios únicos, lo que se traduciría en ahorro de tiempo, costos y suplir de las medicinas necesarias.
