El aumento unilateral de intereses, los recargos por mora, el cambio sin previo aviso de la fecha de corte de pago, y otras quejas presentadas por los consumidores en contra de las tarjetas de crédito y otras de pago electrónico, serán sujetos a regulación a través del proyecto de ley No. 50 que se discute en primer debate en la Comisión de Comercio.
Propuesta por los diputados Alcibíades Vásquez Velásquez y José Blandón, la iniciativa pretende al igual que se ha hecho en otros países, salvaguardar los derechos de los consumidores que para optar por estos documentos solo requieren de un salario mínimo de entre 350 y 600 balboas mensuales, así como de buenas referencias crediticias.
De acuerdo con el diputado Blandón, la Superintendencia de Bancos cuenta con reglamentación para emitir tarjetas de crédito, pero en el mercado existen otros emisores de tarjetas que no son bancos y tampoco se rige bajo ninguna regulación.
Precisó que algunos de esos emisores se han aprovechado de la escaza regulación y realizan cobros abusivos por sus servicios, los intereses y el cargo que van en detrimento de los usuarios.
Según la Asociación Panameña de Crédito, hasta el mes de septiembre de 2009 se tenían reportadas en su base datos, la emisión de unas 613 mil 269 tarjetas de crédito, lo que supone un incremento de 5.4% al compararlo con el mismo período del año anterior, cuando se reportaban 581 mil 778 tarjetas de crédito.
Las cifras revelan además, que la utilización de las tarjetas otorgadas por los límites más bajos ha aumentado, particularmente, los límites menores de mil balboas que tienen una utilización en promedio del 93%, mientras que a finales del año 2007 se encontraba alrededor del 80% de utilización.
Se destaca que la utilización de los límites es mayor a medida que éste es inferior, lo que puede ser ocasionado porque los consumidores son personas con más limitaciones de efectivo, menos organizadas presupuestariamente y no prevén las consecuencias y seguramente utilizan este financiamiento para subvencionar los gastos del día a día.
La iniciativa fue discutida por espacio de dos meses con representantes de la Superintendencia de Bancos, del Ministerio de Comercio, la Cámara de Comercio y la Asociación Bancaria de Panamá, entre otros.
