La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley que establece la obligación de las empresas concesionarias de telefonía móvil, fija, redes de comunicaciones y similares, de conservar los datos de los usuarios del servicio y dicta otras disposiciones.
El secretario general de la Procuraduría General de la Nación, Rigoberto González Montenegro, se refirió a la obligación de conservación y registros de datos por partes de las empresas concesionarias de telefonía móvil, fijas, redes de comunicaciones y similares y a la solicitud que se tendrá que hacer a la Corte Suprema de Justicia para grabar las llamadas de acuerdo con el perfil de las investigaciones.
La Procuraduría sugirió ampliar a seis meses el suministro de la información por parte de las concesionarias de telefonía móvil, y no a tres como está contemplada en el proyecto de ley y al mismo tiempo tener acceso sin requerir autorización por parte de un tribunal de justicia.
En ese sentido el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, indicó que el Ministerio Público no necesita autorización de ningún funcionario del Órgano Judicial para decretar un allanamiento, para solicitar información bancaria, para solicitar evidencias, testimonios, pruebas, ya que ellos son las autoridades que por constitución investigan los delitos.
El diputado José Isabel Blandón se mostró de acuerdo con el proyecto de ley toda vez que no se trata de pincharle los teléfonos a nadie, sino la de obtener información sobre el propietario de los celulares y las llamadas que se reciben y se hacen estén disponible para el Órgano Judicial o el Ministerio Público cuando haya una investigación penal de por medio.
