Por: Cristóbal Chen
Periodistas y abogados presentan anteproyecto para despenalizar calumnia e injuria.
Un grupo de periodistas, abogados y sociedad civil presentó al presidente de la Asamblea Nacional, José Muñoz Molina, un anteproyecto de ley para despenalizar la calumnia e injuria con el fin que los comunicadores sociales no sean sancionados penalmente por delitos contra el honor.
El presidente Muñoz aseguró a los proponentes “que pueden ir tranquilos” porque se dará el trámite correspondiente para que la próxima semana inicie la discusión del tema con la participación de todos los sectores interesados en el tema de la libertad de expresión.
“Creo en la libertad de expresión y en el respeto de todos los panameños y si hacemos un debate, al final va a salir una ley en beneficio de todos los ciudadanos”, afirmó el Jefe del Legislativo, al indicar que le corresponderá a la Comisión de Comunicación y Transporte discutir la propuesta en primer debate.
El abogado Sidney Sittón señaló que con el anteproyecto se busca aclarar “cualquier situación que sea utilizada en perjuicio no solamente de los periodistas, sino de la ciudadanía en general en cuanto a los delitos de calumnia e injuria”.
El anteproyecto se elaboró en base a normas y recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, las cuales indican que los funcionarios públicos no pueden demandar por supuestas afectaciones al honor.
Por su parte, la periodista Castalia Pascual, de TVN 2, dijo que si los comunicadores sociales no van a tener libertad para desarrollar su trabajo, “entonces no vamos a vivir en democracia”.
De igual forma, el director del Panamá América, Guido Rodríguez, abogó porque se adecúe cuanto antes la legislación en esta materia contemplada en el Código Penal, para evitar ser objeto de sanciones por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
El anteproyecto de ley también plantea que cuando se dicte una sentencia civil en contra de un periodista o un medio de comunicación social, esta sea proporcional al salario o la situación económica del demandado.
En este sentido, los proponentes indicaron que es “injusto y desproporcional” que un periodista que devenga un salario de 600 balboas mensuales, sea sancionado civilmente por una suma de 2 millones de balboas.
Fotografías
[nggallery id=835]
