Entre las razones que asisten a los panameños para dotarse de una Constitución renovada y verdaderamente moderna, está el régimen orgánico del Legislativo. Tal vez, ningún otro parlamento atiende asuntos ajenos a la formulación de leyes, como la Asamblea Nacional de Panamá.
De estas instancias se espera que cumplan con la función para la cual fueron elegidos sus miembros. Es decir, legislar en bien del interés común mediante la expedición de leyes que, además de contribuir a la consolidación y fortalecimiento del Estado de Derecho, actualicen y modernicen de manera permanente las normas nacionales, de acuerdo con el avance internacional de las diversas materias objeto de su trabajo institucional.
Por razones no consideradas en nuestro ordenamiento constitucional, durante las últimas administraciones y en ejecución de los respectivos presupuestos generales del Estado, los diputados de la República llevan a cabo tareas distintas con el manejo discrecional de fondos públicos.
A la indignación original de los ciudadanos, tras conocerse la existencia de una planilla inflada destinada a los salarios de colaboradores inmediatos de los diputados, cubiertos con eufemismos cosméticos, ahora se confirma –a través de investigaciones periodísticas– que existen otras tres planillas utilizadas para pagar emolumentos en el extrarradio de la mencionada Asamblea.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá considera que ha llegado el momento de frenar estas prácticas, las cuales, más allá del orden legal, pervierten moralmente el tejido social; menoscaban la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones de la República; y dilapidan recursos generados por empresarios y trabajadores panameños.
De igual modo, las diversas entidades gubernamentales están obligadas a observar la transparencia que imponen nuestras leyes vigentes, al tiempo que los ciudadanos han de exigir de aquellas una puntual rendición de cuentas por sus desempeños respectivos.
En ese sentido, todos los llamados a esclarecer estas acciones deben actuar de forma transparente, firme y ágil. Los panameños exigimos respuestas y acciones claras.
Gabriel Barletta
Presidente CCIAP
