Con la participación del Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, continuará el próximo lunes en la Comisión de Derechos Humanos la discusión en primer debate del proyecto de ley que separa el presupuesto de esa institución del de la Asamblea Nacional, el cual se estima en 4.5 millones de balboas para la vigencia fiscal de año 2010.
De acuerdo con Vargas, el establecimiento de la autonomía presupuestaria de la Defensoría de Pueblo que se propone en el proyecto de ley, fortalece y reafirma el concepto de independencia contemplados en la Constitución y la Ley, por lo cual el día lunes realizará algunos aportes para mejorar el documento.
Informó que a la fecha ha sostenido varias conversaciones con los diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, a manera de coordinar iniciativas y fortalecer el trabajo institucional, en el entendimiento de que los parlamentarios también reciben quejas de distintas organizaciones y dijo que la idea es que se pueda establecer una alianza estratégica para profundizar en los temas de derechos humanos.
“La materia de derechos humanos contiene temas del día a día que no se agotan, pues las necesidades cada vez son mayores, así como las exigencias y las demandas de la ciudadanía, por lo que es importante dotar de recursos suficientes y necesarios a la institución para poder brindar las respuestas que se requieren”, agregó Vargas.
La iniciativa, que fue presentada por el diputado José Luis Varela, pretende viabilizar e individualizar el presupuesto de la Defensoría del Pueblo como una entidad necesaria en un Estado democrático de derecho que requiere una institucionalidad fortalecida con instancias de supervisión, de la calidad de la prestación de los servicios públicos y de la plena vigencia de los derechos humanos.
Expresó que la iniciativa pretende que la Defensoría del Pueblo tenga su propio presupuesto, separado de la Asamblea Nacional, tal como lo tiene la Contraloría General de la República, que al igual que la Defensoría del Pueblo es una entidad establecida en la Constitución y cuyo jefe máximo es nombrado por la Asamblea Nacional.
