Quienes respaldamos con denuedo la suscripción de este Pacto Ético, solo estamos legitimando el clamor de la sociedad panameña, que desea elevar a la jerarquía de ejemplar, las contiendas electorales con las que aspiramos a consolidar nuestra democracia.
Quienes se niegan, defraudan la urgencia de sosiego social que los panameños anhelamos; a ellos será imputable la heredad de un país de desvelos y ansiedades, y una descendencia cabizbaja y retraída por los desafueros de sus predecesores. Así ha transcurrido la vida pública durante los últimos años, después de la negación de suscripción de un pacto en la contienda de 2009.
Pero, en la búsqueda de la concordia, siempre estamos a la expectativa de la reflexión de nuestros conciudadanos, y aspiramos a construir y convivir con los mejores y más nobles propósitos sociopolíticos. Guardamos en nuestra conciencia y nuestro corazón, la esperanza invencible de que la cordura se impondrá. Y quienes ahora dudan de las virtudes de este compromiso, reflexionarán y se unirán al concierto de los buenos panameños que deseamos un futuro de paz y concordia para nuestra patria.
El Pacto Ético nos resguarda contra los malos políticos. Suscribirlo reafirma la fe en la democracia; crea escudos contra la maledicencia; obliga a proponer, en lugar de desacreditar; considera al elector un protagonista, no un siervo; genera certezas políticas, en lugar de vergüenzas.
Todos ustedes tienen acceso al contenido del Pacto Ético que hoy suscribimos; está además en Internet, se habla de él en las redes sociales y es un fragor nacional, porque todos los panameños entendemos que es un empeño de los buenos actores políticos.
No es mi papel repetir sus preceptos, que nos recuerdan las conductas cívicas inherentes a la democracia; como el pluralismo, la equidad en la competencia electoral, la transparencia, el respeto a las minorías, la participación en igualdad de condiciones de grupos con desventajas políticas, la libre promoción de ideologías, el respeto mutuo y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Un gobierno democrático se constituye por la mayoría, pero debe actuar con el máximo respeto a las minorías. Elemental, porque las minorías juntas siempre resultan en la mayoría.
Es el fundamento esencial de la democracia.
Mi deber ahora es señalar que la sociedad panameña se ha erigido en protagonista, y reclama una conducta ética de los candidatos a puestos de elección; quiero alentarlos a convertirse en amos del dial, y cerrarle los canales de comunicación a quienes pretendan esclavizarlos desestimando su inteligencia, tanto si ese afán proviene de candidatos, como si proviene de los medios de comunicación social.
Los ciudadanos formamos un ejército invencible cuando conocemos nuestros derechos. Y uno de esos derechos del universo electoral, es el rechazo a los partidos políticos y a los candidatos que pretendan ganarse el voto del electorado descalificando al adversario con campañas sucias o negativas.
Esas conductas, apadrinadas suspicazmente en la Ley 54 de 2012, son contrarias al espíritu cívico-político expresado en las arduas jornadas de trabajo de la gran Comisión Nacional de Reformas Electorales, donde por 20 años, el consenso invalidaba la discrepancia y nos jerarquizaba como ejemplo para Latinoamérica y el mundo.
Impedido de suspender la publicidad negativa de manera expedita, el Tribunal Electoral queda obligado ahora, a pedir la opinión de la Fiscalía General Electoral, quien tendrá hasta 15 días hábiles (3 semanas) para emitir concepto, con lo que la campaña sucia consumaría sus nefastas pretensiones.
Hago un llamado al Fiscal General Electoral, exhortándolo a renunciar a este exagerado plazo y establecer un sistema de turnos, como lo tenía el Tribunal Electoral, para recibir y evacuar en pocas horas las solicitudes de suspensión de propaganda negativa o sucia.
“Estimado amigo y Fiscal: la sociedad panameña os conmina y reconocerá el esfuerzo que hagáis, para que la campaña electoral sea todo lo decente que los panameños merecen”
En lugar de desarticular y descalificar, procuremos que la ignorancia de quienes eligen se ilumine con la mayor cantidad de información veraz, y que ella proceda de la Comisión de Justicia y Paz, quien tiene la responsabilidad de evaluar y sancionar moralmente las situaciones violatorias al Pacto Ético Electoral.
Es una tarea encomendada a cinco representantes de la Conferencia Episcopal Panameña, un representante de alto nivel jerárquico de cada partido político signatario del Pacto, cinco representantes de los medios de comunicación, y otros por los candidatos presidenciales de libre postulación cuando sean reconocidos por el Tribunal Electoral.
Pero estos ciudadanos no solamente deben vigilar el cumplimiento del pacto que hoy firmamos. Si no asumen su rol con conocimiento ética y convicción, serán simples peones protegiendo un esquivo y abominable rey: su candidato.
El ámbito que dibuja el Pacto Ético constituye los discursos normativos que sirven de guía a las conductas electorales. A diferencia de la política, esta ética política es un enfoque prescriptivo sobre qué es necesario para orientar las acciones de los sujetos implicados en el proceso electoral, tanto candidatos como electores y medios de comunicación social.
Porque si al candidato se le exige una moral electoral, al elector debe exigírsele una sabia actitud condenatoria para quienes violenten los códigos de convivencia electoral, y pretendan subyugar su visión con subterfugios infames como la propaganda sucia que se parapeta, llamándose negativa.
Quienes respaldamos este Pacto Ético somos aquellos que reconocemos el peligro de las tensiones entre el elitismo y el igualitarismo; los que pretendemos el mejor sistema de gobierno; quienes hemos advertido en muchas ocasiones los abismos que se abren cuando el individualismo priva sobre el bien común; somos, como bien sabe la sociedad civil, quienes luchamos estos últimos años por ponerle límites a la exagerada presencia del dinero en la política, así como la desmesurada representación político-partidista; somos quienes defendemos la democracia como una manera de relacionarnos, y sustentamos que hay que inculcarle a los políticos la urgencia de que asciendan hacia actitudes y conductas más responsables.
Aquí estamos quienes creemos que la democracia es consenso, no imposición; faltan quienes la pretenden y desean siempre inconclusa.
Firmemos, porque esta rúbrica será reconocida, ponderada y agradecida por nuestras descendencias que verá que hacemos cierto nuestro lema de que “La Patria la hacemos todos”.
