Tras cuatro días de sesión permanente, el pleno legislativo aprobó en segundo debate el proyecto de ley 514 sobre la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública.
Al proyecto original se le hicieron modificaciones y se adicionaron artículos nuevos, los cuales fueron el resultado del consenso entre diputados y miembros de la sociedad civil, que impulsan esta iniciativa.
Durante el debate, el diputado Leandro Ávila del PRD dijo que, contrario al planteamiento de algunos sectores que señalan que el pleno ha dilatado el debate, el documento ha sido objeto de un profundo análisis por diputados de las diferentes bancadas. Prueba de ello, indicó, el proyecto se ha discutido durante cuatro días en segundo debate y para debatirlo se alteró el orden del día, para darle prioridad por encima de 48 proyectos que están en la agenda.
El diputado panameñista Adolfo Valderrama señaló que su bancada apoya la aprobación del proyecto porque es el momento de hacer un alto a los actos de corrupción contra la administración pública.
Dionisio De Gracia, presidente del Colegio Nacional de Abogados, en su intervención sostuvo que la imprescriptibilidad para este tipo de delitos tiene que tener un fin de 50 ó 60 años, de lo contrario, un funcionario tendría latente de por vida un proceso de investigación. “Legislar una norma hacia el infinito vulnera el derecho de un determinado funcionario”, sostuvo el profesional del derecho.
De Gracia reconoció que es el momento de legislar en la lucha contra la corrupción, pero advirtió que no se deben aprobar normas que vayan a crear un vacío jurídico para el escape de la corrupción. Además indicó que de, ser aprobada esta Ley, no puede ser aplicada a ningún hecho ocurrido anterior a su vigencia.
Juan Diego Vásquez, en representación de la sociedad civil, expresó que con la aprobación de esta norma se envía un mensaje firme, alto y claro al país de que la corrupción no paga; por el contrario, se persigue y se condena.
Participaron en el debate miembros de la Sociedad Civil, del Colegio Nacional de Abogados y la Asociación Panameña de Abogados Penalistas.
