El pleno legislativo aprobó por unanimidad, en tercer debate, el proyecto de Ley Nº 514, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, sobre la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública.
Durante los debates fueron incluidas modificaciones consensuadas por los diputados al proyecto de ley, con la aceptación de sus proponentes e integrantes de la sociedad civil.
Entre las modificaciones está el artículo 1 del proyecto, que reforma el artículo 51 del Código Penal, que inhabilita de manera permanente a las personas jurídicas que cometan delitos, para contratar con el Estado.
Además, el artículo 2 adiciona el artículo 116 del Código Procesal Penal, estableciendo que no prescribirá la acción penal cuando se trate de delitos de peculado, corrupción de funcionarios públicos y enriquecimiento injustificado, lo cual destaca que no habrá prescripción de delitos de tráfico de influencias y abusos de autoridad.
También en su artículo 3, se reforma el artículo 3 del artículo 19 de la Ley 22 de 2006, sobre Contrataciones Públicas.
En la Ley se declara incapaz para contratar con las entidades estatales a las personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas en Panamá o en el extranjero, mediante sentencia judicial definitiva o hayan realizado acuerdos de pena de colaboración eficaz por delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales o contra el orden económico o seguridad colectiva.
Cabe destacar que se adiciona a la Ley de Contrataciones Públicas, exigiendo que en el pliego de cargos se agregue una declaración jurada, que indique que El Contratista no ha sido condenado o haya celebrado acuerdos de pena o de colaboración eficaz por delitos contra la administración pública u otros delitos graves.
A criterio del diputado Leandro Ávila “la corrupción no sólo se da en el marco del sector público, porque para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor”.
Indicó que la sanción sería para la empresa que podría cambiar de nombre, por lo que la Ley va abarcará a Los Accionistas de empresas para que no salten de una a otra y seguir contratando con el Estado.
El estudiante Juan Diego Vásquez, uno de los proponentes de esta iniciativa, indicó que el objetivo primordial es cerrarle la puerta a la corrupción.
La iniciativa fue presentada a la Dirección de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, por un grupo de estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María la Antigua (USMA), y el Movimiento Independiente (MOVIN).