El enfrentamiento físico protagonizado por el diputado Jairo “Bolota” Salazar (PRD) contra su colega Betserai Richards (bancada Seguimos) en el pleno de la Asamblea Nacional el 21 de julio de 2025 rebasa el ámbito de dos individualidades en disputa. Este incidente no es un episodio aislado, sino el síntoma visible de fracturas profundas: una Asamblea polarizada, luchas de poder por la gobernabilidad y una ciudadanía que ya observa con escepticismo la legitimidad de sus representantes. La agresión, ocurrida durante una sesión legislativa transmitida en vivo, obliga a revisar tanto los protocolos de convivencia parlamentaria como la tolerancia institucional hacia la violencia, evidenciando la urgencia de reformas que garanticen debates democráticos y respeto entre las distintas fuerzas políticas del país.
Contexto inmediato y cronología del hecho
La tarde del 21 de julio de 2025, durante la discusión sobre reformas a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, se produjo un intercambio verbal entre Salazar, líder de la bancada PRD, y Richards, representante del emergente bloque Seguimos. Según testigos y transmisiones del canal legislativo, la discusión escaló rápidamente a agresión física, lo que obligó al presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, a decretar un receso inmediato.
Fuentes parlamentarias y medios confirmaron que la disputa estuvo relacionada con la negativa de Richards a apoyar iniciativas impulsadas por el PRD, en medio de la reorganización de las fuerzas dentro de la Asamblea tras la instalación de la nueva legislatura en julio.
Marco legal y reglamentario
El reglamento interno de la Asamblea Nacional prohíbe expresamente conductas violentas o irrespetuosas entre diputados. Cualquier agresión física podría ser calificada de “faltas graves” y sancionada con suspensión temporal o remoción de comisiones. Además, el Código Penal panameño tipifica como delito de “lesiones personales” cualquier agresión física, previendo consecuencias penales y medidas cautelares en caso de denuncia ante la autoridad judicial.
Hasta el momento del cierre de este artículo, no se ha informado de denuncias penales firmes ni de una sanción administrativa formal. Sin embargo, tanto el despacho del presidente Herrera como voceros del Ministerio Público han admitido que “todas las evidencias audiovisuales y testimonios están siendo evaluados” para determinar responsabilidades y, eventualmente, la apertura de oficios judiciales.
Actores clave y motivaciones
- Jairo “Bolota” Salazar (PRD): Elegido jefe de bancada tras las recientes disputas internas, Salazar enfrenta el desafío de recuperar cohesión en un PRD fragmentado y resistido tras las elecciones de 2024. Su reacción violenta se enmarca en la presión por consolidar control ante nuevas alianzas independientes y la amenaza de pérdida de protagonismo legislativo
- Betserai Richards (Seguimos): Nuevamente elegido como voz crítica desde la oposición independiente, Richards ha denunciado reiteradamente “el bloqueo y acoso hacia las bancadas que exigen transparencia”.
- PRD y bancadas independientes: La correlación de fuerzas se ha tornado incierta. Las alianzas variables en torno a la Ley 462 y a la presidencia del hemiciclo han elevado la tensión y la competencia, creando un ambiente proclive a altercados y a la ruptura de los canales de negociación.
Impacto en gobernabilidad
La agresión evidencia la fractura no solo en el PRD, cuyo liderazgo aparece debilitado, sino también entre este partido y las fuerzas emergentes. La capacidad de avanzar en reformas estructurales queda comprometida, favoreciendo la parálisis legislativa y minando el respaldo ciudadano al órgano legislativo.
Reacción pública y mediática
El altercado rápidamente ocupó las tendencias en redes sociales y la primera plana de portales informativos. Los principales medios cuestionaron la cultura de impunidad y la falta de sanción inmediata. Videos y fragmentos viralizados por canales independientes y periodistas parlamentarios mostraron rechazo social, memes que ridiculizaban la escena y expresiones de preocupación ante el “bochorno internacional para la democracia panameña”.
Las cuentas verificadas de los diputados involucrados adoptaron estrategias defensivas: Salazar publicó un video minimizando el incidente y llamando a la unidad partidaria; Richards, en cambio, reiteró su exigencia de garantías para la labor legislativa independiente.
Comparación con otros episodios de violencia legislativa
En la última década, Panamá ha registrado al menos tres incidentes relevantes de violencia física o verbal en el Parlamento, casi todos asociados a fracturas internas en el PRD o a la crisis de confianza ciudadana frente al oficialismo.
| Año | País | Protagonistas | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2018 | Panamá | Diputados CD vs PRD | Presupuesto |
| 2022 | El Salvador | Nuevas Ideas vs ARENA | Reformas institucionales |
| 2023 | Ecuador | Bloque correísta | Debate minero |
| 2025 | Panamá | Salazar vs Richards | Liderazgo, Ley 462 |
Fuentes regionales reconocen que la violencia parlamentaria ha experimentado un repunte en las democracias de la región vinculada a pérdida de legitimidad y al avance de bloques alternativos, exacerbando la confrontación.
Escenarios prospectivos
En el corto plazo, la Asamblea podría verse forzada a acelerar reformas a los protocolos disciplinarios para apaciguar la presión ciudadana. Si el Ministerio Público formaliza la investigación o si surge una sanción ejemplar, el PRD enfrentará un desgaste adicional, dificultando la gobernabilidad de la actual mayoría.
A mediano plazo, la credibilidad institucional está comprometida: las reformas pendientes, especialmente las relativas a transparencia y control legislativo, corren el riesgo de estancarse mientras persista el clima de confrontación. El daño a la imagen internacional y al clima de inversión tampoco puede subestimarse.
Conclusión: Por una responsabilidad democrática real
El altercado Salazar-Richards interpela la necesidad de una renovación ética en la política panameña y de un debate parlamentario constructivo. Solo un compromiso firme con la rendición de cuentas y una sanción ejemplar -sin distinción partidaria- podrá sentar las bases de una democracia representativa renovada y restaurar la confianza pública en la Asamblea Nacional.
