Un anteproyecto de ley que propone reformas al Código Fiscal con el objeto de establecer mecanismos novedosos y justos para el cálculo del avalúo del valor catastral de los bienes inmuebles propuesto por la diputada Zulay Rodríguez, fue prohijado en la Comisión de Economía y Finanzas.
El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles y representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), Pedro Rueda, dijo que el proyecto debe favorecer a los más desposeídos.
Rueda agregó: “Hay casos anteriores en los que las personas jubiladas, que vivían de jubilaciones muy pequeñas, revaluaron sus propiedades y muchos tuvieron que ir a la venta para subsistir.
Con el proyecto de ley se podría hacer los reavalúos no solamente en la ciudad capital, sino en todo el país para poder suplir las necesidades económicas ante un déficit que tanto se ha denunciado, hecho que ha sido cuestionado por la oposición al señalar que si existe el problema, por qué y para qué tantos subsidios se están dando.
En ese sentido, la diputada Yanibel Ábrego consideró que el proyecto de ley presentado por Zulay Rodríguez es bueno, pero que no está de acuerdo en que se diga que el Estado está en déficit con tantos subsidios como la beca universal y el programa de los 120 a los 65.
Sobre el proyecto de ley, la diputada Zulay Rodríguez expresó: “Actualmente se está evaluando pagarlo sobre el valor comercial y no catastral, y el valor comercial se puede hacer de manera subjetiva por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, una casa que te vale 30 mil o 40 mil dólares te la pueden poner al precio de 200 mil o 300 mil dólares, y el día que no la puedas pagar te ponen un proceso de jurisdicción coactiva y perdiste tu casa”, explicó la diputada Rodríguez.
El proceso lo realizaba el Ministerio de Economía y Finanzas mediante la Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado en varios sectores de la capital panameña con el fin de establecer el valor catastral de inmuebles con base en criterios técnicos.
Para Rodríguez, no es justo que las personas después de que haya adquirido compromisos con los bancos para el pago de sus viviendas tenga que pagar un impuesto de por vida y que en caso de que se tenga un accidente o se pierde el empleo, le quiten la casa por no poder retribuir la medida impositiva.
