Con mayoría de votos se aprobó en tercer debate el proyecto de ley No. 50, que tutela los derechos de los usuarios de las tarjetas de crédito y otras tarjetas de financiamiento.
El proyecto de ley busca establecer intereses fijos, limitar la capacidad de endeudamiento y conferírselo a las entidades financieras con licencia bancaria expedida por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) para la prestación de este servicio.
La presente ley regula el negocio de las tarjetas de crédito y otras tarjetas de financiamiento, con el fin de garantizar al consumidor sus derechos frente al desenvolvimiento de dicho negocio.
El sistema de tarjeta de crédito o de tarjeta de financiamiento esta integrado por un conjunto complejo y sistematizado de contratos individuales, con la finalidad de posibilitar al tarjetahabiente la adquisición de dinero o arrendamiento o adquisición de bienes o servicios en los comercios nacionales o internacionales afiliados, de modo que el emisor financia la operación del tarjetahabiente y le difiere la responsabilidad de pagar las sumas involucradas o financiadas, conforme a las condiciones pactadas en el contrato de crédito.
En Panamá existen más de medio millón de tarjetas de créditos, con saldos que rondan los 800 millones de dólares.
La iniciativa de ley regulará los intereses y el monto de endeudamiento.