Al no ser presentados los elementos probatorios que acreditarán un hecho punible, el juez Decimoquinto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, Leslie Loaiza, en audiencia preliminar, realizada este lunes 7 de mayo, emitió un sobreseimiento definitivo por los delitos contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de servidores públicos y contra la delincuencia organizada, a favor de 32 personas, que fueron vinculadas a una presunta red de corrupción en la Autoridad Nacional de Aduana (ANA).
Lo anterior fue resuelto, luego de escuchar los elementos y la noticia criminis presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, en contra de 28 funcionarios y 7 particulares, investigados por la presunta comisión de los delitos de corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir, que inició por una llamada anónima a la Dirección de Investigación Judicial, el 9 de diciembre de 2015, que puso en conocimiento de una supuesta red de corrupción conformada por funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas, en las dependencias del Aeropuerto Internacional de Tocumen y en las instalaciones de la sede central de la institución.
Según la Fiscalía, a través de diligencias de interceptaciones telefónicas debidamente autorizadas por la Corte, e inspecciones de transferencia de dinero, se pudo conocer el modus operandi de este grupo delictivo, que consistía en el cobro a particulares, para dejar pasar mercancías sin declarar los impuestos debidos al Estado, además de permitir presuntamente el tráfico de armas desarmadas en partes tales como tubo cañones, culatas, cargadores, como también el paso de sustancias ilícitas a nivel internacional, generando fuertes sumas de dinero para este grupo, situación esta que va en detrimento del erario público.
En base a esto, el fiscal solicitó al Tribunal, por los cargos de corrupción de servidores públicos, llamamiento a juicio para 26 imputados, y un sobreseimiento provisional para nueve personas, y al no acreditarse la conducta delictiva por los cargos de asociación ilícita para delinquir, solicitó un sobreseimiento provisional para todos los procesados.
Sin embargo, los defensores solicitaron un sobreseimiento definitivo a favor de sus representados, al considerar que no existían los elementos probatorios que acreditaran la conducta delictiva en ambos delitos.
En ese sentido luego de escuchar ambas partes, el juez de la causa consideró que el proceso carecía de elementos probatorios, ya que no fue presentado una prueba de campo que acreditará la existencia de droga y armas como se había dado a conocer en la llamada anónima, además de no ser incorporado testimonio alguno de turistas o particulares, a los cuales los funcionarios supuestamente les cobraban para introducir mercancía al país por el Aeropuerto de Tocumen sin que fuese registrada, por lo que sobreseyó definitivamente a los imputados de los cargos impuestos por la agencia de instrucción.
Además, ordenó la entrega inmediata de los bienes valores, cuentas o cualquier bien que había sido aprehendido a cada uno de los sindicados.
Con respecto a los hechos que se investigan en contra los imputados Rigoberto Rodríguez, Marcos Caicedo Cañate y Jose Luis Philips, el juez negó la solicitud presentada por la Fiscalía para que se remitiera el expediente a la provincia de Colón.
Luego de ser emitida dicha resolución, la fiscalía cuenta con 48 horas para presentar su recurso de apelación.
