En las áreas indígenas, dentro y fuera de la comarca Ngäbe-Buglé, hay proyectos que generarían 437 megavatios de energía eléctrica y, de suspenderse, tendría un sobrecosto estimado de 200 millones de balboas, porque se tendrían que buscar otras fuentes alternas como la adquisición del ‘bunker’ seco.
Lo anterior fue dado a conocer por Fernando Díaz, de la Secretaría de Energía, durante su exposición con miras a mostrar los beneficios de los proyectos hidroeléctricos para abaratar los costos.
Planta térmica cuesta construirla, a parte del costo del combustible
Díaz explicó que una planta térmica de generación de energía eléctrica cuesta dinero construirla, a parte del combustible que consumiría.
“Si nosotros queremos tener una energía más barata, tenemos que ser responsables, no solo por el hecho de que sea renovable, sino porque esa fuente renovable también sea del menor costo posible para la población”, dijo Díaz.
Tarifas en Panamá son las más bajas en Centroamérica
Las tarifas en Panamá, de acuerdo con Díaz, es la más baja en América Central y el costo de ellas es el consumo de toda la población, por lo que hace un llamado al no despilfarro.
“Nuestras tarifas en Panamá, por esfuerzos que se han hecho anteriormente, son de las más bajas en América Central, incluido México, pero el costo de la factura no es nada más la tarifa, es el consumo de todos nosotros”.
Destacó que el uso racional y la eficiencia energética debe ser parte de la cultura nuestra para no despilfarrarla.
Por su parte, Rodrigo Rodríguez, director de Electricidad de la Autoridad de los Servicios Públicos, subrayó que hay dos proyectos dentro del área comarcal: Chorcha, que generará 3.9 megavatios, y Caño Clarito, 7.8 megavatios. El resto está en áreas cercanas de la Comarca.
Advirtió que un problema energético afecta el devenir de la sociedad panameña, por lo que sugirió construcción de hidroeléctricas y no plantas térmicas por el costo del combustible.
Las declaraciones de los funcionarios se dieron tras el tercer día de reuniones en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, en la que participan la Coordinadora Indígena, ministros de Gobierno y de Comercio e Industrias, Jorge Ricardo Fábrega y Ricardo Quijano, respectivamente, y diputados de la instancia parlamentaria.
