Los graves señalamientos públicos hechos por la Licenciada Zulay Rodríguez sobre una conspiración que involucra al licenciado José Abel Almengor, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, a funcionarios del Ejecutivo y al Dr. Italo Antinori designado por el Presidente de la República Ricardo Martinelli como coordinador de las reformas constitucionales, sobre el desarrollo de un plan encubierto con fines de separar a la Procuradora General de la Nación, Licenciada Ana Matilde Gómez, ha puesto en evidencia lo que era un secreto a voces, la injerencia abierta y sin disimulo del presidente Martinelli en el poder judicial para perseguir a sus adversarios políticos y para proteger a los que se suman a su proyecto autoritario.
Ante estos hechos atentatorios a la gobernabilidad y la legalidad que debe garantizar la Constitución y la Ley, con los que se afectan la pacífica convivencia de los ciudadanos y la democracia panameña en ascenso hasta que Martinelli asumió el poder, y cuyos propósitos han sido consolidar un proyecto que ya muchos califican de mafioso, y que es encabezado por uno que se auto designó como paradigma y ejemplo a seguir como modelo de empresa privada, no cabe ya la menor duda con este destape, que el poder político se encuentra en manos de personas irresponsables, deshonestas e ineptas para gobernar.
No se trata de que el PRD quiera utilizar ahora estos serios y lamentables hechos para proteger a supuestos bribones y pretendidas acciones corruptas que se hayan cometido o podido cometer en administraciones anteriores. Hemos dicho reiteradamente que quien sea señalado de haber cometido fallas, ilegalidades, crímenes y actos de corrupción debe enfrentar la justicia y que nadie, ni el Presidente de la República, está por encima de la Ley ni de la Constitución, aunque es harto evidente las pocas garantías procesales existentes para los supuestos criminales e infractores, pues estas garantías dependen de las órdenes que se emitan desde el Palacio de las Garzas. Pero resulta también inadmisible, la hipócrita y cínica actitud de quienes dicen representar la libertad de expresión y ser paladines de la democracia, cuando han preferido “no quitarle la máscara” al supuesto reformador que nos desgobierna, hoy claro déspota sin ilustración, para no fortalecer al PRD, dejando de lado los intereses de toda la nación haciendo valer aquella sentencia en la que es preferible “que muera Sansón y todos los filisteos”, y desdiciendo con esta práctica lo que todos los días pregonan ser: informadores de la noticia veraz y orientadores objetivos de la opinión pública.
La denuncia de la joven abogada ligada anteriormente a los círculos de poder, es acicate para que la sociedad panameña y todas las fuerzas sociales y políticas que se agitan en su seno, incluyendo a los medios serios de comunicación, reaccione en defensa de la legalidad, la democracia y la justicia y dé inicio a acciones concertadas con el único propósito de reestructurar a nuestro sistema judicial y al Ministerio Público, para sacarla de la postración a la que la tiene sometida el actual mandatario.
Frente a la grave situación que atraviesan nuestras instituciones judiciales, las medidas de rectificación inmediatas que demanda la ciudadanía deben incluir la renuncia del magistrado José Abel Almengor o en caso de que no tenga la entereza y dignidad para ello, que la Asamblea de Diputados inicie una investigación por medio de una comisión imparcial formada por notables figuras e instituciones jurídicas nacionales, que determinen su responsabilidad o su inocencia en las acciones que le puedan ser imputadas como consecuencia de la denuncia criminal hecha por la licenciada Rodríguez; la renuncia o remoción del Dr. Italo Antinori de la responsabilidad de coordinar el proceso de reforma constitucional al haber sido cuestionado seriamente por su participación en la patraña que se desarrolló en contra de la anterior procuradora e investigar a fondo el papel del Presidente de la República y de funcionarios de la presidencia en los hechos señalados.
No pueden ser meros “bochinches”, como lo han calificado algunos voceros del gobierno y algunos de los involucrados, ni “fantasía novelesca o comedia bufa”, lo que ha estado apareciendo en las últimas semanas en medios nacionales e internacionales de comunicación, que involucran al Presidente y a un grupo de sus testaferros en serias violaciones a la institucionalidad del país, dejando maltrecha la imagen de la nación y poniendo en peligro su estabilidad económica, jurídica y social.
Llamamos la atención en el sentido de que ya el problema rebasó el tema de la destitución de la procuradora, como ella misma ha reconocido. Se trata de algo más profundo, se trata de un síndrome maligno que corroe los cimientos de la sociedad, caracterizado por el soborno, el prevaricato, la obstrucción y manipulación de la Justicia, la injerencia del Ejecutivo y sus agentes en otros órganos del Estado, el tráfico de influencias y promesas de nombramientos en el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justica a cambio de favores y de acciones reñidas con la ética, la moral y el decoro que se requiere para gobernar y garantizar la paz social. En suma, se trata de la implantación institucionalizada de la corrupción rampante que amenaza la institucionalidad democrática de la Nación, la que el PRD ha denunciado continuamente y cuyas consecuencias ha advertido de manera responsable.
La crisis institucional generada por este escándalo y las intromisiones y desmanes del Ejecutivo, reiteramos, es sumamente grave y demanda una reacción que produzca cambios estructurales permanentes, los que requieren la actuación responsable de los funcionarios y de los organismos de la sociedad civil y sus integrantes, incluidos los partidos políticos. Es necesario que la sociedad reaccione del letargo inducido por la propaganda estatal y las promesas de faraónicos proyectos inconsultos, de dudosa necesidad y viabilidad financiera, y por las permanentes distracciones mediáticas y bufonescas que reiteradamente el gobierno realiza para mantener al pueblo al margen de la realidad que le agobia.
El anuncio de dar inicio a las consultas para hacer reformas constitucionales, hace propicia la ocasión para tomar medidas que responsablemente y de manera definitiva resuelvan el problema. El Partido Revolucionario Democrático, en cumplimiento de su papel de oposición y consciente de que representa la vocería de un amplio sector de la población panameña, propone de manera seria y responsable que se suspenda el proceso de cambios parciales o parches a la Carta Magna como ha sido anunciado y, en su defecto, propone que se realicen cambios constitucionales integrales que doten al país de una vez por todas, de una nueva y moderna Constitución que garantice el ejercicio y goce de todos los derechos y el bienestar de los ciudadanos, para ponerle freno a los falsos profetas que prometen cambios, para beneficio de sus bolsillos e intereses comerciales, a costa de acabar con Panamá.
Comité Ejecutivo Nacional
Partido Revolucionario Democrático
