El gobierno considera que las diferencias puestas de manifiesto entre el Tribunal Electoral y la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justica deben ser superadas por ambas instituciones sin injerencia externa de ningún tipo y conforme a los procedimientos que establecen la Constitución y la ley.
Toda manipulación de esas diferencias por parte de actores ajenos a las mismas sólo llevan a empañar el proceso electoral y debilitar la institucionalidad del país con consecuencias desestabilizadoras.
No es la primera vez que surgen este tipo de diferencias y conflictos de criterio entre estas instituciones y han sido subsanados bajo el mecanismo de ley y sin intervención externa. Igual debe ocurrir ahora.
Panamá vive una nueva elección presidencial que se desarrolla y desarrollará con la más absoluta normalidad y transparencia, como parte de un permanente proceso de fortalecimiento de su democracia.
El gobierno reafirma que es el primer interesado en que se superen las diferencias y que el Tribunal Electoral y la Sala Tercera actúen de manera independiente, para fortalecer nuestro proceso electoral y preservar la buena imagen internacional de Panamá.
