El Gobierno presentará una propuesta de ley que autoriza una pensión vitalicia de 600 balboas mensuales y otorga otros beneficios a los afectados por el consumo del tóxico dietilenglycol tras alcanzar un consenso con el Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida.
Durante una reunión celebrada en el salón Paz del Palacio de Las Garzas, el ministro Roberto Henríquez anunció que la propuesta será entregada ante la Asamblea Nacional para que reciba el análisis y discusión con los sectores involucrados, con el fin de que pronto se convierta en ley.
Henríquez destacó que el consenso contempla la pensión vitalicia de 600 balboas y la revisión de ese monto cada dos años, que las personas que no han presentado efectos por consumo del tóxico continúen con una evaluación médica durante cinco años y que nadie deberá firmar algún tipo de finiquito con el Estado, entre otros aspectos.
El dirigente del Comité por el Derecho a la Salud y la Vida, Gabriel Pascual, elogió el anuncio del gobierno del presidente Ricardo Martinelli, y sostuvo que el consenso alcanzado con las autoridades recibió el beneplácito de todos sus afiliados destacados en todo el país.
Pascual sostuvo que la actuación disciplinada y organizada de su agrupación permitió que se fijara el consenso con el Gobierno y espera que la Asamblea Nacional apruebe la norma.
Agregó que la propuesta descarta que las personas estén obligadas a firmar algún tipo de finiquito tras ser sustentada por el Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida en las conversaciones sostenidas con los representantes del Ejecutivo.
En tanto, el ministro de Salud, Javier Díaz, se comprometió en la reunión, con los familiares y víctimas del dietilenglycol, en aplicar las medidas para que se otorgue un trato más humano y un servicio de calidad a los pacientes que acudan a las diferentes unidades de atención hospitalaria.
Díaz precisó que se dictarán capacitaciones para el personal de salud e instó a las pacientes que reciban una mala atención médica presentar las quejas contra quienes hayan actuado de forma inadecuada.
Asimismo, el director de la Caja de Seguro Social, Guillermo Saéz-Llorens, dijo que la institución continuará con la labor de prestar un servicio de calidad a las víctimas del dietlenglycol y para que reciban los medicamentos que están dentro y fuera del cuadro básico.
Por su lado, el presidente de la Comisión de Salud, Mario Lazarus, dijo que se presentará la moción de que el proyecto de ley sea discutido con urgencia notoria como ha sido solicitada por los familiares y víctimas del tóxico.
Agregó que este grupo de panameños no puede esperar más tiempo al recordar que han transcurrido siete años desde que dio esta tragedia en el pasado gobierno.
También acudieron a la reunión la viceministra de la Presidencia Sigrid Barragán, y subdirector de la Caja de Seguro, Marlon De Sousa.
De igual forma, se invitó a otros afectados por el tóxico, que acudieron a título personal y que no representan a ninguna agrupación, para dar algunas aportaciones a la propuesta de ley que será entregada a la Asamblea Nacional.
