Amenaza de dirigente del SUNTRACS en Bocas del Toro
Diógenes Espinoza es un dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) en la provincia de Bocas del Toro, Panamá. Recientemente, ha estado en el centro de la atención pública debido a declaraciones realizadas en el contexto de las protestas contra la Ley 462, que reforma el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS).
El 2 de junio de 2025, Espinoza difundió un video en redes sociales en el que advirtió que, si en un plazo de 24 horas el Gobierno no derogaba dicha ley, procederían a tomarse las oficinas públicas en Bocas del Toro como medida de presión. Estas declaraciones fueron rechazadas por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien las calificó como amenazas contra la seguridad del Estado y anunció que se informarían al Ministerio Público para que tomara las acciones correspondientes.
La situación se enmarca en un contexto de tensiones sociales en Bocas del Toro, donde diversos sectores han expresado su rechazo a la Ley 462. El Gobierno ha intentado establecer diálogos con las comunidades afectadas, pero ha enfrentado dificultades debido a la negativa de algunos grupos a participar en las reuniones programadas.
Es importante señalar que, hasta la fecha, no se dispone de información pública adicional sobre la trayectoria sindical o política de Diógenes Espinoza más allá de su papel actual en las protestas en Bocas del Toro.
La situación en la provincia de Bocas del Toro, Panamá, se ha tornado crítica debido a las protestas contra la Ley 462, que reforma el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS). Diversos sectores sociales, incluyendo sindicatos como el Suntracs, docentes, trabajadores bananeros, comunidades indígenas y organizaciones civiles, han manifestado su rechazo a esta legislación.
Contexto y actores involucrados
Desde finales de abril de 2025, se han registrado manifestaciones y bloqueos en Bocas del Toro, liderados por el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Empresas Afines (Sitraibana), con el respaldo del Suntracs y otros gremios. Las acciones buscan la derogación de la Ley 462 y una revisión integral de la Ley 45, que regula los derechos y prestaciones laborales en la industria bananera.
Consecuencias de las protestas
Las manifestaciones han tenido un impacto profundo en la provincia:
- Educación: En el distrito de Changuinola, cerca de 75 centros educativos permanecen cerrados debido a los bloqueos, afectando a miles de estudiantes.
- Economía: La empresa Chiquita Panamá, principal operadora bananera en la región, anunció el despido de más de 5,000 trabajadores, incluyendo administrativos, debido a la paralización prolongada de sus operaciones.
- Medidas gubernamentales: El Gobierno decretó estado de emergencia en la provincia con el fin de habilitar mecanismos para la reactivación económica y facilitar la gestión pública, sin recurrir al uso de la fuerza.
Marco jurídico y reacción oficial
Las amenazas de tomar instalaciones públicas, como las expresadas por el dirigente del Suntracs en Bocas del Toro, Diógenes Espinoza, fueron rechazadas por el Ejecutivo, que las calificó como actos que atentan contra la seguridad del Estado. Este tipo de acciones están prohibidas por la legislación penal panameña, que castiga los delitos contra la administración pública, la intimidación a funcionarios y la alteración del orden constitucional.
El Ministerio Público ha iniciado investigaciones relacionadas con estas amenazas y, en paralelo, se han llevado a cabo diligencias judiciales vinculadas a procesos abiertos desde años anteriores por posibles irregularidades en proyectos sociales en la región.
Estilo de negociación y consecuencias posibles
El Gobierno ha optado inicialmente por un enfoque técnico y conciliador, enviando delegaciones de la CSS para explicar el contenido de la Ley 462 a los diferentes sectores. Sin embargo, estas reuniones fueron rechazadas por algunas organizaciones, que exigen una mesa de diálogo con la participación directa de ministros de Estado.
La falta de voluntad para el diálogo por parte de ciertos actores, sumada a las medidas de presión ejercidas, como bloqueos y amenazas, podría derivar en un endurecimiento de la postura gubernamental y en la aplicación de medidas legales contra los responsables. A su vez, la persistencia del conflicto puede profundizar la crisis social, económica y educativa en Bocas del Toro, generando un efecto de aislamiento de la provincia respecto al resto del país.
En este escenario, la única salida sostenible es una negociación estructurada, transparente y con garantías para ambas partes, en la que se priorice el bienestar de la población y se respeten los cauces institucionales y democráticos.
