El Contralor General de la República, Anel Flores, anunció la suspensión del salario de más de 15,000 educadores que no han asistido a sus labores durante una paralización que ya supera los 40 días. La medida, dijo, no es un castigo ni un descuento: es la aplicación de la ley que prohíbe pagar a quien no ha trabajado. Con ello, la Contraloría responde a una situación crítica que ha dejado sin clases a miles de estudiantes y representa un uso ineficiente de los recursos públicos.
¿Qué motivó esta acción de la Contraloría?
Durante la conferencia, el Contralor fue claro: el país enfrenta una paralización ilegal del sistema educativo, con miles de maestros que no están cumpliendo su jornada laboral, mientras siguen recibiendo su salario. Esto, según Flores, va en contra de la Constitución y de la Ley 32 de 1984, que otorgan a la Contraloría la obligación de salvaguardar los recursos públicos.
¿Qué diferencia hay entre descuento y suspensión de salario?
Anel Flores enfatizó que no se trata de un «descuento» de salario, que aplicaría si el docente hubiese trabajado parcialmente. En este caso, se suspende completamente el pago, ya que no ha habido prestación del servicio. “No puedo pagarle a alguien que no ha trabajado”, declaró.
¿Cómo se verificó la ausencia de los docentes?
La Contraloría realizó auditorías presenciales en centros escolares, con el respaldo de pruebas concretas. En escuelas como el Instituto Dolores Moscote, por ejemplo, se detectó que 42 docentes marcaron su entrada y luego se retiraron sin impartir clases. Otros casos muestran que, aunque los planteles están cerrados, algunos dirigentes sindicales siguen cobrando mediante mecanismos irregulares.
¿Qué pasará con los dirigentes que siguen cobrando sin trabajar?
Flores presentó una lista de 82 dirigentes sindicales que, pese a liderar el movimiento de paralización, continúan cobrando. Estos casos serán auditados y podrían enfrentarse a acciones legales. “Hay triquiñuelas y complicidades internas para que marquen por ellos”, afirmó. Una auditoría formal a nivel nacional está en curso para sustentar las denuncias.
¿Qué impacto tiene esta situación en los estudiantes?
El impacto es grave. Según cifras presentadas, en los últimos tres años se han perdido 550 días lectivos. Muchos estudiantes han cursado apenas tres semanas y media de clases en el primer trimestre de este año, a pesar de que el Estado invierte aproximadamente B/.3,600 por estudiante en el sistema público. La falta de continuidad educativa ha afectado el rendimiento de los alumnos, como reflejan los bajos resultados en los exámenes de admisión a la Universidad de Panamá.
¿Qué hará el Estado con los 17,000 docentes en espera?
El Contralor reveló que existen más de 17,000 educadores capacitados que se encuentran en lista de espera para ocupar plazas. Señaló que este grupo representa una “reserva moral” y exhortó al Ministerio de Educación a considerar su llamado, en caso de que los actuales docentes se nieguen a retomar sus funciones.
¿Qué sigue ahora para la Contraloría y el Meduca?
La Contraloría continuará con auditorías exhaustivas en todos los centros educativos y trabajará junto al Ministerio de Educación para validar las asistencias. También se está considerando una colaboración para que personal transitorio pueda ser contratado y garantizar así el acceso a la educación en las escuelas afectadas.
¿Qué se aprende de esta crisis educativa?
Esta situación revela fallas estructurales en el control de asistencia docente, en la supervisión de directores escolares y en la rendición de cuentas de fondos públicos. También muestra cómo intereses sindicales pueden estar por encima del bienestar estudiantil. La educación pública requiere compromiso, fiscalización efectiva y decisiones firmes para proteger el derecho a aprender.
Recuperar la dignidad de la educación es un deber nacional
El Contralor Flores cerró su intervención exhortando a los docentes a reflexionar sobre el daño causado. “Llegó la hora de volver a las clases y rendirle al país lo que el país les está pagando”, afirmó. No se trata de perseguir, sino de corregir. El Estado está llamado a cuidar cada centavo que invierte en educación y a asegurar que llegue a quienes realmente lo merecen: los estudiantes panameños.
