Sostenibilidad fiscal, deuda pública y resiliencia en tiempos de incertidumbre
La salud financiera de un Estado no se mide solo por cuánto gasta o cuánto recauda, sino por su capacidad de sostener servicios públicos, responder a emergencias y planificar con visión de largo plazo. En 2025, Panamá enfrenta una pregunta compleja pero urgente: ¿puede mantenerse en pie sin comprometer su estabilidad fiscal, su legitimidad institucional y su proyecto de desarrollo?
El diagnóstico es dual: por un lado, el país muestra fortalezas macroeconómicas relevantes; por otro, se enfrenta a presiones fiscales crecientes, riesgos estructurales y amenazas institucionales que comprometen su sostenibilidad si no se abordan con decisión.
Deuda pública: ¿dentro de lo manejable o al borde del riesgo?
Desde la pandemia, la deuda pública panameña ha crecido aceleradamente. Aunque aún se mantiene en rangos que los organismos internacionales consideran sostenibles, el margen de maniobra se ha reducido:
- La relación deuda-PIB ha aumentado significativamente desde 2020.
- Una parte considerable de la deuda está en moneda extranjera, expuesta a riesgos cambiarios.
- El servicio de la deuda absorbe un porcentaje elevado del presupuesto nacional.
La paradoja es evidente: Panamá mantiene buena reputación internacional y acceso a mercados financieros, pero a costa de asumir compromisos que podrían volverse insostenibles si no se controla el gasto y se fortalece la recaudación.
¿Por qué no alcanza el dinero?
El problema no es solo de gasto excesivo, sino de una estructura tributaria insuficiente y regresiva. Aunque se han realizado reformas, persisten:
- Niveles altos de evasión fiscal.
- Estructuras legales complejas que permiten elusión.
- Dependencia excesiva de sectores internacionales (Canal, logística, servicios financieros).
Panamá necesita diversificar su base tributaria y hacer que quienes más tienen, contribuyan proporcionalmente al desarrollo. Sin ello, el Estado seguirá operando con recursos limitados para necesidades cada vez más complejas.
Pensiones y compromisos futuros: una bomba de tiempo
Uno de los pasivos más delicados del Estado panameño es el sistema de pensiones públicas.
- El desequilibrio actuarial es grave y estructural.
- Las reservas se agotan sin una reforma profunda.
- El costo político de intervenir ha paralizado decisiones por años.
Este tema, postergado por décadas, podría convertirse en el detonante de una crisis fiscal profunda, comprometiendo no solo a jubilados, sino a la estabilidad del sistema público en su conjunto.
¿Cuáles son las amenazas a la salud institucional del Estado?
El deterioro institucional no siempre es visible en el corto plazo, pero sus efectos son corrosivos. En 2025, Panamá enfrenta amenazas que comprometen el funcionamiento y legitimidad del Estado:
- Corrupción sistémica, con patrones de impunidad que socavan la moral pública.
- Crimen organizado infiltrando estructuras del Estado y zonas sensibles.
- Captura regulatoria, donde grupos de interés moldean leyes y políticas a su favor.
- Vulnerabilidades cibernéticas en sistemas estatales clave.
- Deterioro físico y tecnológico de la infraestructura pública, por desinversión y falta de mantenimiento.
- Debilitamiento de órganos de control y fiscalización, con presupuestos limitados y presiones políticas.
- Concentración de poder, que reduce los contrapesos democráticos.
Estas amenazas, combinadas, generan un entorno de desconfianza y debilidad estructural que compromete la gobernabilidad.
¿Hay resiliencia en el sistema?
Sí. A pesar de sus problemas, Panamá no parte desde cero. Hay fortalezas que pueden —y deben— ser la base para la recuperación institucional y fiscal:
- Estabilidad macroeconómica con control inflacionario y crecimiento moderado.
- Sistema electoral confiable, que garantiza legitimidad democrática.
- Diversificación económica progresiva, con sectores como logística, tecnología y finanzas en expansión.
- Capital humano creciente, especialmente entre los jóvenes profesionales.
- Infraestructura física consolidada, incluyendo puertos, aeropuertos y telecomunicaciones.
- Sociedad civil activa, capaz de fiscalizar, movilizar y proponer.
- Posición geopolítica estratégica, que sigue siendo un activo para atraer inversión y atención internacional.
Estas fortalezas no bastan por sí solas, pero representan una plataforma desde la cual es posible reconstruir un Estado eficaz, transparente y sostenible.
¿Qué se necesita para sostener el Estado?
Más que ajustes cosméticos, el momento exige reformas estructurales con visión de país. Algunas prioridades:
- Aprobar una reforma tributaria equitativa que mejore ingresos sin ahogar a los más pobres.
- Abordar de frente la crisis de pensiones, con participación ciudadana y voluntad política.
- Blindar a los órganos de control con recursos, autonomía y respaldo ciudadano.
- Establecer políticas de gasto público basadas en evidencia y evaluación de impacto.
- Reforzar los sistemas de transparencia, auditoría y rendición de cuentas en tiempo real.
La sostenibilidad no es solo fiscal, es institucional
La pregunta que atraviesa este artículo no es solo si Panamá tiene recursos para sostenerse, sino si tiene instituciones capaces de administrarlos con justicia, visión y eficiencia. La sostenibilidad del Estado panameño depende tanto de su contabilidad como de su legitimidad.
El país tiene una oportunidad: estabilizar, corregir y avanzar. Pero el tiempo político es corto, y el tiempo social es aún más impaciente. Lo que no se resuelva hoy, se transformará en crisis mañana.
Reflexión final para la ciudadanía activa:
Panamá tiene con qué. Pero necesita una ciudadanía vigilante, un liderazgo honesto, y una clase dirigente que piense en generaciones, no en ciclos electorales.
