El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó un total de 51 proyectos de ley en tercer debate entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2007 para impulsar el desarrollo económico y social del país.
Una de las últimas normas aprobada trata sobre la universalización de inventivos a la producción que tiene como fin adecuar la disposición nacional a las multilaterales de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que permite extensiones a la vigencia de programas que otorguen subvenciones a las exportaciones, en este caso al Registro oficial de la Industria Nacional de Panamá.
El proyecto de ley busca prolongar la vigencia de dicho registro industrial nacional hasta el año 2015 para beneficiar a un conjunto de empresas.
Otra de las propuestas que fueron ratificadas por los diputados son las facultades extraordinarias otorgadas al Órgano Ejecutivo para legislar a través de decretos leyes en materia de política migratoria, régimen aduanero, turismo y sistema bancario.
En materia de ley aduanera, se busca crear la Autoridad General de Aduanas, cuya función estará destinada a ejecutar las relaciones jurídicas que se establecen entre los auxiliares e intermediarios de la gestión pública aduanera, las personas naturales o jurídicas que intervienen en el ingreso, permanencia, salidas de mercancía y personas.
También se aprobó un proyecto de ley referente al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones producto de la ejecución de bienes cautelados por actividades ilícitas.
La norma contempla que los empleados de cualquier empresa sujeta a cautelación o cierre podrán recibir sus respectivos pagos de prestaciones laborales. En el caso de insuficiencia de fondos, la autoridad judicial que ordenó la cautelación comunicará al juez respectivo, quien autorizará sin más trámite la venta de bienes para cubrir las prestaciones de los trabajadores.
Uno de los temas de mayor importancia que fue tratado por este Órgano del Estado en diciembre pasado, fue la creación de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en la Policía Nacional y los servicios de criminalística que serán adscritos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en reemplazado de la Policía Técnica Judicial (PTJ).
En tanto, en el periodo legislativo descrito se ratificaron un total de 23 funcionarios, en los que se destacan los nombramientos de los magistrados Oydén Ortega Durán y Jerónimo Mejía Edward presentados por el Ejecutivo para la Sala Primera de lo Civil y la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.