El decreto de estado de urgencia en Bocas del Toro el 20 de junio de 2025 ha generado un profundo impacto en la percepción de los derechos humanos en Panamá, revelando las tensiones entre seguridad y libertades fundamentales en una democracia que enfrenta crecientes desafíos institucionales. La suspensión temporal de garantías constitucionales por cinco días ha desencadenado un debate nacional sobre los límites del poder ejecutivo y la protección de los derechos fundamentales en contextos de crisis social.
Erosión de la confianza institucional
Deterioro de la credibilidad democrática
La declaración del estado de urgencia ha intensificado la crisis de confianza que ya enfrentaban las instituciones panameñas. Según datos previos de la Fundación Libertad Ciudadana, la confianza en el sistema judicial había caído de 32% en 2009 a 26.1% en 2023, reflejando un «escepticismo creciente» hacia las instituciones. La medida excepcional en Bocas del Toro ha profundizado esta tendencia, generando alarma entre defensores de derechos humanos y juristas.
El exmagistrado Harry Díaz caracterizó la situación como evidencia de que «estamos en fase dictadura«, argumentando que «no hay respeto por el orden constitucional». Esta percepción se ve reforzada por la facilidad con que se suspendieron garantías fundamentales, lo que genera preocupación sobre la normalización de medidas excepcionales como herramientas ordinarias de control social.
Cuestionamientos sobre proporcionalidad
Juristas y organizaciones civiles han cuestionado la proporcionalidad de las medidas adoptadas. La abogada Magaly Castillo señaló que la suspensión del habeas corpus viola disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que considera este recurso como «inderogable». El profesor universitario Alfonso Illueca coincidió en que la medida «viola lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos».
Impacto en libertades fundamentales
Restricciones severas a derechos básicos
La suspensión de los artículos 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución ha tenido efectos inmediatos y dramáticos sobre la vida cotidiana en Bocas del Toro. Los ciudadanos pueden ser detenidos sin orden judicial, se suspende el derecho a abogado y el habeas corpus, se prohíbe el derecho a reunión, y se permite la realización de allanamientos sin autorización previa.
El subdirector policial Jorge Domínguez confirmó que «con el estado de urgencia, los agentes pueden ingresar a viviendas sin orden judicial», aunque aseguró que las acciones se realizarían «respetando los derechos humanos». Esta contradicción aparente ha generado inquietud sobre los mecanismos de control y supervisión de las fuerzas de seguridad durante la vigencia de la medida excepcional.
Restricciones a la comunicación y expresión
Una de las medidas más controvertidas fue la orden de suspensión temporal del servicio de internet y telefonía móvil en toda la provincia. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) instruyó a las empresas concesionarias a «interrumpir de forma inmediata el servicio de internet» durante la vigencia del estado de urgencia.
El político José Isabel Blandón cuestionó la constitucionalidad de esta medida, argumentando que «están conculcando la libertad de comunicarse, de expresarse y de prensa de los bocatoreños, de una forma que va mucho más allá de lo que les permite el artículo 55». Esta restricción ha limitado significativamente la capacidad de documentar y difundir información desde el terreno, generando un vacío informativo que las autoridades han llenado con sus versiones oficiales.
Efectos sobre la libertad de prensa
Agresiones y restricciones al ejercicio periodístico
Los gremios periodísticos han denunciado múltiples violaciones a la libertad de prensa durante la crisis en Bocas del Toro. El Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, y otras organizaciones condenaron que tres periodistas fueron «amenazados con lanzas y despojados de sus equipos» el 14 de junio.
Estas agresiones, calificadas como «una violación a la libertad de prensa y un grave atentado contra el derecho de la sociedad a estar informada», han ocurrido en un contexto donde los manifestantes paradójicamente han denunciado «históricamente la falta de cobertura mediática de sus demandas». La contradicción entre exigir información y agredir a los informadores ha evidenciado las tensiones sociales que atraviesan la crisis.
Impacto del corte de telecomunicaciones
La suspensión de internet y telefonía móvil ha tenido un efecto particularmente grave sobre el ejercicio del periodismo. Esta medida ha limitado la capacidad de los medios de comunicación para realizar coberturas en tiempo real y ha restringido el acceso de la ciudadanía a fuentes diversas de información. Los usuarios reportaron cortes en el servicio desde la madrugada del sábado 21 de junio, afectando tanto a medios tradicionales como a plataformas digitales.
Percepción social y polarización
Divisiones en la opinión pública
La medida ha generado una polarización significativa en la percepción ciudadana sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos. Mientras algunos sectores empresariales han expresado comprensión hacia las medidas gubernamentales, argumentando la necesidad de restaurar el orden, otros sectores han denunciado un retroceso autoritario.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) había advertido previamente sobre el «colapso económico» en la provincia, caracterizando la situación como «una realidad dolorosa y urgente». Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y gremios profesionales han mantenido su oposición a las medidas excepcionales.
Memorias históricas y traumas colectivos
Los eventos actuales han reactivado memorias traumáticas de episodios previos de represión en Bocas del Toro. El antecedente más significativo es la «Masacre de Changuinola» de julio de 2010, cuando la represión policial resultó en múltiples muertes durante protestas similares. El hecho de que el actual presidente José Raúl Mulino fuera ministro de Gobierno durante aquellos eventos ha intensificado las preocupaciones sobre la repetición de patrones represivos.
La exmagistrada Graciela Dixon advirtió sobre la «postura intransigente y autoritaria» del presidente, recordándole que «cuando se está en el poder se cree omnipotente y, además, se cree que es interminable». Esta referencia histórica subraya la percepción de que las medidas actuales forman parte de un patrón más amplio de autoritarismo.
Reacciones institucionales y de la sociedad civil
Pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo emitió un «llamado urgente» tras la declaratoria del estado de urgencia, reiterando su «compromiso de velar por los derechos humanos y el respeto al marco legal». La institución expresó su «preocupación por la escalada de violencia y suspensión de garantías en la región», aunque recordó que «aunque exista una suspensión de garantías constitucionales», ciertos derechos fundamentales deben mantenerse.
Sin embargo, la Defensoría había reportado previamente un incremento del 100% en quejas relacionadas con derechos humanos durante 2021, evidenciando las limitaciones estructurales del sistema de protección. Su pronunciamiento específico sobre el estado de urgencia no ha sido prominente en el debate público, reflejando las limitaciones de los mecanismos de control horizontal.
Anuncios de denuncias internacionales
Varios abogados panameños han anunciado la preparación de denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La exmagistrada Graciela Dixon confirmó que «abogados del país los respaldamos, y ya sabemos de abogados que están preparando las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».
Este antecedente tiene particular relevancia considerando que Panamá ya ha enfrentado denuncias previas ante el sistema interamericano por violaciones de derechos humanos en Bocas del Toro, particularmente el Caso 12.717 sobre comunidades Ngäbe desplazadas por proyectos hidroeléctricos.
Efectos a largo plazo en la cultura democrática
Normalización de la excepción
Una de las preocupaciones más significativas es el riesgo de normalización de las medidas de excepción como herramientas ordinarias de gobernabilidad. El análisis constitucional señala que el estado de urgencia debe ser «debidamente fundamentado, ser proporcional y respetar los derechos esenciales que no admiten suspensión».
La facilidad con que se ha recurrido a esta figura jurídica genera inquietud sobre la capacidad del sistema político panameño para procesar conflictos sociales a través de mecanismos democráticos ordinarios. Como señaló un análisis especializado, «más que nunca, es vital proteger la democracia con transparencia, legalidad y respeto a la dignidad humana».
Impacto en la participación ciudadana
El estado de urgencia ha limitado significativamente los espacios de participación ciudadana y expresión política. La prohibición del derecho a reunión, combinada con las restricciones a las comunicaciones, ha creado un ambiente donde la ciudadanía enfrenta limitaciones severas para ejercer sus derechos políticos fundamentales.
Esta situación es particularmente preocupante considerando que, según estudios previos, «una sociedad civil que refleje estas diferencias, permite visibilizar los distintos sectores y canalizar las inquietudes y aportes de los mismos». La restricción de estos espacios puede tener efectos duraderos sobre la cultura participativa y democrática del país.
Perspectivas futuras y desafíos
Necesidad de diálogo y reconciliación
Diversos actores han llamado a la implementación de mecanismos de diálogo como alternativa a las medidas represivas. El diputado Benicio Robinson pidió al gobierno que «convoque a una mesa de diálogo urgente», argumentando que «dialogar no es debilidad. Es la única vía para encontrar soluciones reales».
Esta demanda refleja una percepción generalizada de que las medidas de fuerza, sin acompañamiento de espacios de diálogo, pueden profundizar las divisiones sociales y generar resentimientos duraderos. La experiencia histórica sugiere que la represión sin atención a las causas estructurales del malestar social tiende a generar nuevos ciclos de conflicto.
Fortalecimiento institucional necesario
La crisis ha evidenciado la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos institucionales de protección de derechos humanos. La selección de Panamá como sede del encuentro anual de la Red de Instituciones de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe (RINDHCA) 2025 ofrece una oportunidad para el «intercambio de conocimientos» y «colaboración entre instituciones» en la búsqueda de «soluciones conjuntas para los desafíos que enfrentamos en materia de derechos humanos».
El estado de urgencia en Bocas del Toro ha revelado las fragilidades del sistema democrático panameño y ha generado un impacto profundo en la percepción ciudadana sobre los derechos humanos. La medida, aunque constitucionalmente válida, ha suscitado preocupaciones legítimas sobre la proporcionalidad, la supervisión y los efectos a largo plazo sobre la cultura democrática del país. La respuesta a esta crisis determinará en gran medida la trayectoria futura de Panamá en materia de derechos humanos y fortalecimiento institucional.
