La muerte reportada de una menor indígena expone las fallas sistémicas en la protección de la niñez más vulnerable
El 24 de junio de 2025, un comunicado rompió el silencio. Aldeas Infantiles SOS Panamá, una organización con más de 70 años protegiendo a la niñez mundial, hizo una denuncia que helaría la sangre a cualquier padre o madre: una niña de apenas un año y ocho meses había muerto, presuntamente por gases lacrimógenos utilizados durante las protestas en Bocas del Toro.
No era una denuncia cualquiera. No venía de redes sociales ni de rumores callejeros. Venía de una institución internacional reconocida por su seriedad, por su trabajo meticuloso, por no hacer declaraciones a la ligera. Cuando Aldeas SOS habla, el mundo escucha.
Pero entonces surgió una contradicción que expone algo aún más preocupante que la tragedia misma: la Defensoría del Pueblo declaró no tener confirmación de tal muerte. Dos instituciones serias, dos versiones diferentes, y en el medio, la vida de una niña que se convierte en símbolo de todo lo que está roto en nuestro sistema.
Cuando las instituciones no se hablan
La contradicción no es menor. Por un lado, Aldeas Infantiles SOS, con su credibilidad internacional intacta, hace una denuncia pública que compromete su reputación mundial. Por el otro, la Defensoría del Pueblo, encargada de proteger los derechos humanos en el país, dice no tener información sobre el caso.
¿Qué significa esto? Significa que en Panamá, cuando muere una niña indígena en una comunidad remota, nuestras propias instituciones no logran coordinar la información básica. Significa que hay familias tan marginadas que pueden sufrir tragedias sin que el Estado se entere inmediatamente. Significa que nuestro sistema de protección infantil tiene grietas por donde se cuelan los más vulnerables.
Eduardo Leblanc, el Defensor del Pueblo, fue claro: «No tenemos información de algún niño, con esa característica, muerto». Pero Aldeas SOS fue igualmente categórica en su denuncia. Dos instituciones serias que no mienten, pero que tampoco coinciden. Esa contradicción es, en sí misma, una tragedia institucional.
La historia detrás del caos
Todo comenzó con la Ley 462 sobre la Caja de Seguro Social, una normativa que ha dividido al país y llenado las calles de manifestantes. En Bocas del Toro, una de las provincias más pobres de Panamá, donde las comunidades indígenas viven en los márgenes de la sociedad, la protesta también llegó.
Las autoridades respondieron como siempre: con gases lacrimógenos para dispersar multitudes. Es el protocolo de siempre, el manual que se repite sin considerar que en estas comunidades las casas están pegadas unas a otras, que las familias viven en espacios pequeños, que los gases no distinguen entre manifestantes y niños que juegan en sus hogares.
Es aquí donde, según Aldeas SOS, una bebé de un año y ocho meses encontró la muerte. En su propia casa, en lo que debería haber sido su refugio seguro, mientras los adultos peleaban afuera por leyes que ella nunca entendería.
El patrón que se repite
Esta no es la primera vez que se reportan excesos en el uso de la fuerza en comunidades indígenas de Bocas del Toro. Los informes de la Defensoría del Pueblo de años anteriores documentan casos similares. Organismos internacionales como Human Rights Watch han alertado sobre el uso desproporcionado de la fuerza en protestas sociales en Panamá.
Pero nunca antes la contradicción institucional había sido tan evidente. Nunca antes habíamos visto cómo nuestro propio sistema de protección se descoordina cuando se trata de los más vulnerables.
La provincia de Bocas del Toro concentra algunos de los índices más altos de pobreza infantil del país. Aquí, donde la naturaleza es generosa pero las oportunidades escasean, las familias indígenas han aprendido a vivir invisibles para el Estado. Sus tragedias no siempre llegan a las estadísticas oficiales. Sus voces no siempre se escuchan en las oficinas gubernamentales.
Un silencio oficial ensordecedor
Mientras Aldeas SOS y la Defensoría se contradicen, el silencio del gobierno central es ensordecedor. Ni el Ministerio de Seguridad ha revisado sus protocolos, ni el Ministerio de Desarrollo Social ha visitado la comunidad, ni la Presidencia ha emitido declaración alguna.
Es como si esperaran que la controversia se desvanezca sola, que la confusión institucional sirva de cortina de humo para no enfrentar las preguntas incómodas: ¿Por qué nuestras instituciones no se coordinan? ¿Por qué una tragedia en una comunidad indígena puede pasar desapercibida para algunas entidades oficiales? ¿Por qué no hay protocolos diferenciados para intervenir en zonas donde viven niños?
Lo que dice la ley, lo que dice la realidad
Panamá ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990. En ese documento, nuestro país se comprometió a proteger a todos los menores, sin excepción. El artículo 6 es claro: todos los niños tienen derecho a la vida y al desarrollo.
También tenemos la Ley 15 de 1994, que regula el uso de la fuerza pública, y múltiples protocolos que supuestamente protegen a los civiles durante las intervenciones policiales.
Pero las leyes están en el papel, y la realidad está en las comunidades de Bocas del Toro, donde las contradicciones institucionales revelan que nuestro sistema de protección tiene fallas estructurales graves.
El mundo mira, el país calla
La denuncia de Aldeas SOS llegó justo antes de una gran convención internacional de la organización. Esto significa que la historia de esta supuesta tragedia panameña llegará a oídos de delegados de todo el mundo. Y ellos se preguntarán no solo si es cierto que murió una niña por gases policiales, sino por qué las propias instituciones del país no logran coordinar la información básica sobre sus niños más vulnerables.
Esta contradicción institucional puede ser tan dañina para la imagen internacional de Panamá como la tragedia misma. Porque revela un país donde las entidades no se hablan, donde los datos sobre la niñez más vulnerable no fluyen adecuadamente, donde una ONG internacional puede tener más información sobre una tragedia local que las propias autoridades nacionales.
La investigación que debe venir
Aldeas SOS ha anunciado que presentará una denuncia formal ante el Ministerio Público. Esta acción obligará a las autoridades a investigar, a aclarar las contradicciones, a determinar qué pasó realmente.
Pero la investigación no debería limitarse solo a determinar si murió o no la niña. Debe incluir:
- Por qué hay contradicciones entre instituciones serias
- Cómo mejorar la coordinación para proteger a la niñez vulnerable
- Qué protocolos se necesitan para intervenciones en zonas residenciales
- Cómo garantizar que las tragedias en comunidades marginadas no pasen desapercibidas
Más allá de la tragedia individual
Independientemente de si se confirma o no la muerte de esta niña específica, la contradicción institucional revela problemas sistémicos que no podemos ignorar:
El problema de la invisibilidad: Las comunidades indígenas más remotas viven tan al margen que sus tragedias pueden no llegar inmediatamente a las instituciones oficiales.
El problema de la coordinación: Cuando una ONG internacional tiene información que la Defensoría del Pueblo no tiene, algo está fallando en nuestro sistema.
El problema de los protocolos: El uso de gases lacrimógenos en zonas residenciales densas necesita protocolos especiales que consideren la presencia de niños.
Una oportunidad para cambiar
Esta contradicción, dolorosa como es, puede convertirse en una oportunidad para fortalecer nuestro sistema de protección infantil. Puede obligarnos a crear mejores canales de comunicación entre instituciones, protocolos más claros para intervenciones en comunidades vulnerables, y sistemas de alerta temprana que eviten que las tragedias pasen desapercibidas.
La pregunta no es solo qué pasó con esta niña específica. La pregunta es: ¿cuántas otras tragedias en comunidades remotas no llegan a conocimiento de las autoridades? ¿Cuántos otros niños viven en esa invisibilidad peligrosa?
El termómetro de nuestra institucionalidad
Una sociedad se mide no solo por cómo trata a sus más vulnerables, sino por cómo sus instituciones se coordinan para protegerlos. Las contradicciones entre Aldeas SOS y la Defensoría del Pueblo no son solo un problema de comunicación. Son el síntoma de un sistema que falla cuando más se le necesita.
Sea cual sea la verdad sobre esta niña específica, la realidad es que nuestro país tiene comunidades tan marginadas que pueden sufrir tragedias sin que todas las instituciones se enteren inmediatamente. Esa es una falla que no podemos permitirnos.
El llamado a la acción
Mientras esperamos que la investigación del Ministerio Público aclare las contradicciones, todos nosotros tenemos una responsabilidad:
- Exigir que nuestras instituciones se coordinen mejor
- Demandar protocolos claros para proteger a la niñez en intervenciones policiales
- Asegurar que ninguna comunidad sea tan invisible que sus tragedias pasen desapercibidas
- Construir un sistema donde Aldeas SOS y la Defensoría del Pueblo trabajen juntas, no en contradicción
Una lección dolorosa
Al final, esta contradicción institucional nos enseña algo fundamental: no basta con tener leyes que protejan a los niños si nuestras instituciones no logran coordinar esa protección. No basta con tener organismos serios si no se hablan entre ellos. No basta con buenas intenciones si no hay sistemas que funcionen.
La niñez panameña, especialmente la más vulnerable, merece un Estado que funcione de manera coordinada y eficiente. Merece instituciones que se hablen, que compartan información, que trabajen juntas para protegerla.
Hoy, más que nunca, necesitamos convertir esta contradicción dolorosa en el motor de un cambio real. Porque al final del día, independientemente de qué institución tenga razón, lo que está en juego es la vida de nuestros niños más vulnerables.
Y eso no admite contradicciones.
Esta historia continuará desarrollándose conforme avance la investigación del Ministerio Público. Lo que no cambiará es la necesidad urgente de fortalecer nuestro sistema de protección infantil y mejorar la coordinación entre las instituciones que velan por los más vulnerables.
