El domingo 29 de junio de 2025 marcó el final de una medida extraordinaria que mantuvo en vilo a la provincia de Bocas del Toro durante nueve días. El estado de urgencia decretado por el gobierno panameño llegó a su fin a medianoche, según confirmó Juan Carlos Rodríguez, secretario general del Ministerio de Seguridad Pública. Esta decisión puso punto final a una crisis social que expuso las profundas tensiones que atraviesa el país centroamericano.
Los antecedentes: una reforma controvertida
La crisis en Bocas del Toro no surgió de la nada. Sus raíces se remontan a marzo de 2025, cuando el gobierno de José Raúl Mulino aprobó la Ley 462, que reforma el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social. Esta normativa, diseñada para enfrentar un déficit que supera los 650 millones de dólares, estableció un sistema de cuentas individuales que los sindicatos consideraron como una privatización encubierta del sistema de seguridad social.
La ley generó resistencia inmediata entre diversos sectores. Los trabajadores bananeros de Bocas del Toro se sintieron particularmente afectados, ya que consideraban que la nueva normativa eliminaba beneficios que habían obtenido con la Ley 45 de 2017. A esto se sumaron las protestas de docentes, trabajadores de la construcción y comunidades indígenas, creando un movimiento de oposición que se extendió por todo el país.
La escalada de violencia: del Paro a los disturbios
Lo que comenzó como una huelga laboral en las plantaciones de Chiquita Brands se transformó en algo mucho más complejo y peligroso. El 28 de abril, los empleados bananeros iniciaron un paro indefinido, lo que llevó a la empresa a despedir masivamente a los trabajadores por «abandono de trabajo». Las fuentes sindicales reportan que más de 5,000 personas fueron cesadas, mientras que Chiquita reportó pérdidas superiores a los 75 millones de dólares.
La situación se deterioró rápidamente durante la segunda mitad de junio. El jueves 19 y la madrugada del viernes 20 de junio, Changuinola vivió una noche de caos sin precedentes. Grupos encapuchados tomaron por la fuerza las instalaciones del Aeropuerto Capitán Manuel Niño, saqueando oficinas y robando vehículos, incluyendo una retroexcavadora.
Los actos vandálicos se extendieron a múltiples objetivos: el estadio Calvin Byron sufrió daños graves en su sistema de iluminación y letrero; las instalaciones de Chiquita Panamá fueron saqueadas; y numerosos comercios fueron víctimas de robos. Según el balance oficial, se registraron daños en 13 instalaciones gubernamentales, 21 comercios saqueados, 169 árboles talados y 3 postes eléctricos derribados.
La respuesta gubernamental: Estado de Urgencia
Ante la escalada de violencia, el gobierno de Mulino tomó una decisión drástica. El 20 de junio, a través del Decreto de Gabinete No. 27, se declaró el estado de urgencia en Bocas del Toro, suspendiendo las garantías constitucionales de los artículos 21, 22, 26, 27, 29, 37 y 38. Esta medida, inicialmente prevista por cinco días, fue posteriormente extendida hasta el 29 de junio mediante el Decreto de Gabinete No. 28.
El estado de urgencia trajo consigo medidas excepcionales que afectaron profundamente la vida cotidiana de los bocatoreños. Se estableció un toque de queda general en Changuinola y se suspendieron temporalmente los servicios de internet residencial y telefonía móvil. Esta última medida, ordenada por la ministra de Gobierno Dinoska Montalvo y ejecutada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), buscó limitar la coordinación de actos violentos, aunque generó controversia por sus implicaciones en los derechos digitales.
La Operación Omega: recuperando el control
Paralelamente al estado de urgencia, las fuerzas de seguridad desplegaron la Operación Omega, que movilizó a 2,499 uniformados para restablecer el orden. Esta masiva operación policial, que incluyó efectivos de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval, logró resultados significativos en términos de arrestos y recuperación del territorio.
Los números de la operación son contundentes: 341 personas fueron aprehendidas, de las cuales 323 eran adultos y 18 menores de edad. Las autoridades realizaron 88 allanamientos y lograron reabrir 40 de los 43 puntos de cierre que mantenían paralizada la provincia. Sin embargo, la operación también tuvo un costo humano: 14 agentes policiales resultaron heridos durante los enfrentamientos.
Es importante destacar que la Operación Omega no terminó con el levantamiento del estado de urgencia. Según confirmó el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, esta operación «continuará en todo el país hasta restablecer por completo la viabilidad y el orden público a nivel nacional».
Las consecuencias económicas y sociales
Los nueve días de estado de urgencia dejaron secuelas profundas en Bocas del Toro. La provincia, dependiente económicamente de la industria bananera y el turismo, experimentó una severa escasez de insumos básicos. Los fuertes bloqueos de carreteras redujeron en un 90% el transporte de alimentos, combustibles y medicinas, generando un incremento significativo en los precios.
Las pérdidas económicas, aunque aún sin cuantificar completamente, se estiman en cifras millonarias. Los daños no se limitaron solo a la infraestructura pública: comercios, empresas privadas y servicios esenciales también sufrieron el impacto de los disturbios. La empresa Naturgy, por ejemplo, tuvo que cerrar temporalmente su sucursal en Changuinola debido a los actos vandálicos.
Los aspectos legales: entre la necesidad y la controversia
La declaración del estado de urgencia generó debate jurídico. El Decreto No. 28 que extendió la medida incluyó una modificación importante: se restableció el artículo 23 de la Constitución Política, lo que significó que no se suspendió el derecho al habeas corpus durante los últimos días de la medida.
Esta decisión no evitó que algunos abogados presentaran una acción de inconstitucionalidad contra el decreto que suspendía las garantías constitucionales. Los juristas Félix Paz, Emanuel Castro y Carlos Bichet argumentaron que la suspensión del habeas corpus no es compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Panamá es signatario.
Adicionalmente, el gobierno incrementó de 10 a 40 millones de balboas el presupuesto autorizado para contrataciones especiales destinadas a la recuperación de la provincia. Esta medida, válida hasta el 31 de diciembre de 2025, busca acelerar la reconstrucción de la infraestructura dañada.
El papel de los actores: más allá de las protestas legítimas
Las autoridades fueron claras en distinguir entre manifestantes legítimos y grupos violentos. La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, enfatizó que la intervención no estaba dirigida contra protestantes, sino contra grupos delincuenciales. Esta distinción es crucial para entender la naturaleza compleja de los eventos en Bocas del Toro.
Según los reportes oficiales, los actos de vandalismo fueron ejecutados por miembros de pandillas ya identificadas y no estaban relacionados con las protestas sociales iniciales. Esta diferenciación ayuda a explicar por qué las manifestaciones pacíficas contra la Ley 462 evolucionaron hacia episodios de violencia criminal que afectaron a toda la población.
Las lecciones de una crisis
El estado de urgencia en Bocas del Toro expone varios elementos que trascienden la coyuntura específica. Primero, demuestra cómo las reformas económicas controvertidas pueden generar tensiones sociales que, si no se manejan adecuadamente, pueden escalar hacia crisis de gobernabilidad.
Segundo, ilustra los desafíos que enfrentan los gobiernos para distinguir entre protesta legítima y actos criminales, especialmente cuando ambos fenómenos ocurren simultáneamente en el mismo territorio.
Tercero, plantea interrogantes sobre el equilibrio entre seguridad pública y derechos fundamentales en situaciones de crisis, particularmente en lo referente a las restricciones de telecomunicaciones y la suspensión temporal de garantías constitucionales.
Perspectivas futuras
Con el fin del estado de urgencia, Bocas del Toro enfrenta el desafío de la reconstrucción. La continuidad de la Operación Omega sugiere que las autoridades mantienen la alerta ante posibles rebrotes de violencia. Mientras tanto, las conversaciones con grupos de Chiriquí Grande que mantienen algunos puntos cerrados continúan, según confirmó el director de la Policía Nacional.
El presidente Mulino ha mostrado disposición al diálogo, convocando mesas de negociación con mediadores religiosos y expresando apertura a discutir una legislación específica para el sector bananero. Sin embargo, ha sido enfático en que la reforma de pensiones no será retirada, lo que sugiere que las tensiones de fondo podrían persistir.
Conclusión
El estado de urgencia en Bocas del Toro del 20 al 29 de junio de 2025 representa un capítulo complejo en la historia reciente de Panamá. Surgido de la confluencia entre protestas legítimas contra una reforma controvertida y actos criminales de grupos organizados, este episodio puso a prueba las instituciones democráticas del país.
La medida logró su objetivo inmediato de restaurar el orden público y reabrir las vías de comunicación. Sin embargo, las causas estructurales que originaron la crisis – las tensiones en torno a la reforma de pensiones y las condiciones laborales en el sector bananero – requieren soluciones de largo plazo que van más allá de la respuesta policial.
Para los ciudadanos de Bocas del Toro, estos nueve días representaron un período de incertidumbre, restricciones y, para muchos, pérdidas económicas significativas. La experiencia subraya la importancia del diálogo social preventivo y la búsqueda de consensos en temas sensibles como las reformas al sistema de seguridad social.
El futuro de Bocas del Toro dependerá, en gran medida, de la capacidad de todos los actores involucrados para aprender de esta crisis y construir mecanismos más efectivos de resolución de conflictos que prevengan nuevas escaladas de violencia. La provincia, con su rica biodiversidad y potencial turístico, merece estabilidad y prosperidad para sus habitantes.
