Introducción
En la ribera del Pacífico panameño, un estibador observa cómo un buque portacontenedores, cargado de mercancías provenientes de Asia, entra lentamente a la terminal. Mientras tanto, en el Caribe, otro barco espera su turno en un puerto operado bajo un esquema distinto. Ambos puntos de acceso representan mucho más que simples muelles: son la columna vertebral de la economía nacional y símbolos de un dilema que lleva décadas en discusión. ¿Deben los puertos ser administrados directamente por el Estado para garantizar la soberanía, o por empresas privadas capaces de atraer inversiones y dinamizar la logística global?
Ese es el dilema central que divide a Panamá desde que se consolidó como un nodo estratégico en el comercio internacional. Los puertos estatales evocan la idea de control, de reinversión pública y de seguridad nacional. Los privados, en cambio, se presentan como motores de eficiencia, innovación y competitividad. La tensión entre ambos modelos no es una discusión abstracta: afecta empleos, tarifas, la reputación del país y la capacidad de mantener al Canal y sus puertos como piezas esenciales en el tablero del comercio mundial.
Del monopolio estatal a la apertura privada
Durante gran parte del siglo XX, la administración de los puertos en Panamá estuvo concentrada en manos estatales. El Estado los construía, financiaba y gestionaba, en muchos casos con resultados modestos en eficiencia y modernización. Con la reversión de las áreas canaleras tras los Tratados Torrijos-Carter, surgió una oportunidad inédita: licitar terminales bajo esquemas de concesión a operadores internacionales.
Así llegaron gigantes como Hutchison Ports, PSA International y Manzanillo International Terminal (MIT), que transformaron la costa panameña en un laboratorio de competencia global. La Ley de Puertos de 1993 abrió formalmente la puerta a la participación privada, bajo contratos de largo plazo que permitieron la modernización acelerada de terminales en Colón y en el Pacífico. Ese cambio de paradigma sentó las bases para que Panamá se consolidara como el hub logístico de las Américas.
Estructura de gestión: dos mundos paralelos
La diferencia entre un puerto estatal y uno privado en Panamá puede ilustrarse en un simple proceso: la compra de una grúa pórtico.
- En un puerto estatal, la adquisición pasa por presupuestos nacionales, trámites burocráticos, licitaciones públicas y, a menudo, retrasos que pueden extenderse por años.
- En un puerto privado, la decisión se toma en la junta directiva de la compañía, se negocia con proveedores y se ejecuta en cuestión de meses, en función de la demanda de los clientes internacionales.
Mientras el modelo estatal responde a intereses colectivos y procesos administrativos, el privado responde a accionistas e inversionistas que priorizan eficiencia y rentabilidad.
Ventajas de los puertos estatales
Los defensores de la gestión estatal esgrimen tres argumentos centrales:
- Soberanía y control estratégico. En un país cuya principal riqueza es su posición geográfica, mantener puertos bajo control público es visto como un seguro de independencia frente a presiones externas.
- Reinversión en el Estado. Las utilidades, en teoría, retornan a las arcas públicas para financiar educación, salud o infraestructura.
- Protección del interés nacional. Se argumenta que el Estado puede priorizar tarifas justas, empleo digno y seguridad antes que maximizar la rentabilidad.
Un exadministrador portuario lo resume así: “Un puerto estatal puede ser menos ágil, pero nunca pierde de vista que su dueño real es el pueblo panameño.”
Ventajas de los puertos privados
Del otro lado, los puertos privados exhiben resultados tangibles:
- Eficiencia operativa. Con inversiones en tecnología, automatización y entrenamiento, las terminales privadas en Panamá manejan millones de TEUs (contenedores) al año con estándares internacionales.
- Innovación. Incorporan sistemas digitales de trazabilidad, inteligencia artificial para optimizar carga y descarga, y modelos de gestión modernos.
- Rapidez en inversión. Mientras el Estado debate presupuestos, los privados instalan grúas de última generación o amplían patios de contenedores en meses.
- Competitividad global. Su lógica de mercado los obliga a competir con puertos de Cartagena, Miami o Kingston.
Un economista especializado en logística señala: “Sin la entrada de operadores privados, Panamá jamás habría alcanzado su actual posición en el ranking mundial de conectividad portuaria.”
Controversias y críticas
Ningún modelo está exento de sombras.
- En los puertos estatales, abundan críticas por corrupción, ineficiencia y clientelismo político en la designación de autoridades. La falta de transparencia en la gestión ha sido un talón de Aquiles recurrente.
- En los puertos privados, la crítica apunta a monopolios encubiertos y a la concentración del poder en manos de corporaciones extranjeras. Algunos sindicatos denuncian condiciones laborales precarias y la ausencia de mecanismos de supervisión estatal efectivos.
La paradoja es clara: lo público puede pecar de lento y politizado, mientras lo privado puede volverse demasiado poderoso y opaco.
Impacto económico y social
La dimensión económica es contundente. Los puertos privados de Panamá generan más del 90% del movimiento de contenedores y son responsables de miles de empleos directos e indirectos. Sus operaciones inciden en tarifas de importación y exportación, que a su vez afectan el costo de vida del ciudadano común.
En cambio, los puertos estatales, aunque con menor volumen, tienen un impacto social más localizado, especialmente en comunidades portuarias donde el empleo estatal se percibe como más estable.
Un estibador en Colón lo describe con sencillez: “En el puerto privado hay más movimiento, pero también más presión. En el estatal, uno gana menos, pero el trabajo es más seguro.”
Perspectiva internacional
La experiencia panameña no es aislada. En Chile, el Estado mantiene la propiedad de los puertos, pero concede su operación a privados bajo modelos mixtos. En Singapur, un operador estatal funciona con estándares de eficiencia global gracias a una gestión corporativa profesionalizada. En México, los puertos estatales han enfrentado tensiones similares, con críticas por corrupción y llamados a mayor apertura privada.
Estos ejemplos muestran que no existe un modelo único. Lo determinante es el equilibrio entre supervisión estatal efectiva y la agilidad privada para responder a los cambios del comercio mundial.
Conclusión
La disyuntiva entre puertos estatales y privados en Panamá no es un simple debate administrativo: es una encrucijada sobre el modelo de desarrollo que el país desea. El futuro exige combinar soberanía con eficiencia, control estratégico con apertura a la inversión.
La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿tendrá Panamá la capacidad de diseñar un modelo híbrido, donde lo público y lo privado convivan de manera transparente y equilibrada, garantizando tanto la competitividad global como el beneficio de su gente?
El muelle, al final, es mucho más que un punto de embarque: es un espejo donde Panamá decide qué rumbo quiere tomar.
