Contexto institucional y político
El recorte presupuestario al Ministerio de la Mujer no puede interpretarse únicamente como una medida técnica de ajuste financiero. Se trata de una decisión que refleja un cambio estructural en la arquitectura institucional del Estado, ya que la cartera será absorbida por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Esta transformación envía un mensaje político claro: la política pública de género pierde rango ministerial, lo que puede tener consecuencias en la visibilidad, capacidad de incidencia y peso institucional de los programas dirigidos a la población femenina.
El hecho de que se hable de un “presupuesto de transición” indica que el gobierno apuesta por un modelo de integración administrativa que, en teoría, permitiría mayor eficiencia en el gasto público. No obstante, la transición también conlleva riesgos de dilución de objetivos y de pérdida de especialización en la atención de las problemáticas de género.
Efectos sobre los programas y servicios
La ministra Niurka Palacios enfatizó que programas como albergues, atención psicológica, centros de protección y servicios sociales han funcionado por dos décadas y deben mantenerse. Sin embargo, la reducción presupuestaria —de 11,4 millones solicitados a 7,3 millones aprobados— genera un escenario restrictivo.
Este ajuste puede traducirse en:
- Disminución en la cobertura de albergues y servicios de atención a víctimas de violencia.
- Limitaciones operativas, al carecer de recursos suficientes para insumos, transporte y materiales.
- Pérdida de capital humano, considerando la posible salida de 90 funcionarios hacia finales de 2025, lo que debilitaría la continuidad de la experiencia acumulada en la institución.
Desde una perspectiva de políticas públicas, este tipo de recortes compromete la sostenibilidad de servicios que no son fácilmente reemplazables por otras instancias del Estado.
Implicaciones sociales
La eliminación de un ministerio especializado en temas de la mujer no solo es un cambio administrativo. Tiene un efecto simbólico importante en una sociedad donde las brechas de género, la violencia doméstica y la desigualdad siguen siendo problemas relevantes.
Al suprimir el rango ministerial, existe el riesgo de que las políticas de género se perciban como un asunto secundario, supeditado a agendas más amplias de desarrollo social. Esto puede desincentivar la participación de la sociedad civil y de organismos internacionales que buscan interlocutores institucionales de alto nivel para la promoción de derechos de las mujeres.
La visión del Ministerio de Economía y Finanzas
El MEF, representado por Roberto Lugo, justificó la decisión como parte de un proceso de transición y no como un abandono de las funciones. Sin embargo, el lenguaje empleado -“presupuesto de transición”- refuerza la percepción de que se está en un punto intermedio, sin claridad total sobre el futuro de la institucionalidad de género en Panamá.
En la práctica, este argumento traslada la responsabilidad de garantizar continuidad a una nueva estructura que aún no está diseñada, lo que abre un periodo de incertidumbre.
Conclusión
El presupuesto asignado al Ministerio de la Mujer en 2026 no es únicamente una cifra contable; representa un punto de inflexión en la política de género en Panamá. Si bien el gobierno sostiene que los programas continuarán bajo el paraguas del Mides, el riesgo principal es que se reduzca la capacidad institucional para atender, con la misma eficacia y especialización, los problemas que afectan a las mujeres.
En términos críticos, la medida refleja una debilitación del enfoque de género como política de Estado, al relegarlo a un nivel administrativo inferior y sin garantizar aún los recursos necesarios. La transición, si no se gestiona con rigor, puede convertirse en un retroceso en materia de derechos y de servicios sociales, con consecuencias directas para la población más vulnerable.
