Durante los días 19 y 20 de junio de 2025, la provincia de Bocas del Toro vivió uno de los episodios más violentos en la historia reciente del país. Saqueos a infraestructuras públicas, ataques a comercios y enfrentamientos con las fuerzas del orden marcaron una jornada crítica que obligó al Gobierno a declarar el estado de emergencia y suspender varias garantías constitucionales. Lo que comenzó como una protesta sindical escaló en cuestión de horas hacia una crisis de orden público con consecuencias materiales y simbólicas de largo alcance.
Orígenes estructurales del estallido
La chispa inmediata fue la reforma del sistema de pensiones, aprobada por la Asamblea Nacional en marzo de 2025 para intentar cerrar un déficit estimado en más de 650 millones de dólares. Pero la mecha estaba encendida desde mucho antes.
Bocas del Toro es una de las provincias con mayores niveles de desigualdad en el país, donde la pobreza estructural convive con un Estado ausente, un desempleo endémico y una sensación generalizada de abandono. A esto se suman recuerdos aún frescos de movilizaciones similares en 2010, donde la violencia también fue protagonista. Esta vez, los sindicatos de docentes, trabajadores bananeros y obreros de la construcción fueron los primeros en salir a las calles. Pero no estuvieron solos por mucho tiempo.
Los días del caos: cronología de una insurrección
La escalada fue rápida. El miércoles 19 de junio, grupos organizados —en algunos casos encapuchados— tomaron por la fuerza el aeropuerto de Changuinola. Expulsaron a los agentes de policía, sustrajeron vehículos oficiales y saquearon las oficinas administrativas. Horas después, el estadio Calvin Byron fue atacado: se destruyeron las luces del campo, se vandalizó la cerca perimetral y se dañaron sus graderías.
A la mañana siguiente, los disturbios se extendieron al casco urbano. Varios supermercados y comercios pequeños fueron saqueados. Las instalaciones de la empresa Chiquita Brands, una de las principales fuentes de empleo de la región, también fueron invadidas y parcialmente destruidas. En paralelo, las oficinas del Ministerio de Salud y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) fueron objeto de robos y destrucción de mobiliario, equipos médicos y archivos.
Las fuerzas del orden reaccionaron con la operación “Omega”: más de 1,500 efectivos fueron desplegados, se realizaron entre 80 y 145 detenciones —algunas de ellas a presuntos pandilleros— y se reportaron doce policías heridos.
Evaluación de los daños: pérdidas millonarias y colapso institucional parcial
El impacto material fue devastador.
- Infraestructura pública: El aeropuerto de Changuinola quedó fuera de operaciones; el estadio Calvin Byron sufrió daños considerables en su estructura e iluminación; las oficinas del Ministerio de Salud en Changuinola perdieron equipos de telemedicina, medicamentos, mobiliario y computadoras; el centro regional del Sinaproc también fue saqueado.
- Comercio y sector privado: Decenas de locales fueron vaciados o incendiados.
- Infraestructura crítica: El servicio de internet y telefonía móvil fue interrumpido en toda la provincia durante la vigencia del estado de emergencia, afectando tanto a ciudadanos como a servicios de emergencia.
- Estimación económica: Aunque el Gobierno no ha divulgado cifras oficiales, la Cámara de Comercio local habla de pérdidas que podrían alcanzar varios millones de dólares, sin contar la afectación a la imagen de la provincia como destino turístico.
La respuesta del Gobierno: orden, narrativa y dudas
El presidente José Raúl Mulino reaccionó con firmeza. Decretó el estado de emergencia, suspendió libertades de tránsito, asociación, privacidad de comunicaciones e inviolabilidad del domicilio, y justificó las medidas por la amenaza que, según él, representan “grupos radicales” infiltrados en la protesta.
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, fue más directo: “Esto no fue una protesta social. Fue vandalismo organizado”.
Sin embargo, diversas voces dentro y fuera del país cuestionaron la proporcionalidad de la respuesta. Organismos de derechos humanos, gremios universitarios y medios independientes advirtieron sobre los peligros de normalizar medidas excepcionales frente a conflictos sociales genuinos.
Consecuencias sociales, económicas y políticas
A nivel social, el miedo se apoderó de la población. Familias enteras quedaron atrapadas sin poder salir de sus hogares, los centros de salud suspendieron atención, y la relación entre comunidades y autoridades se deterioró aún más.
En el plano económico, los daños podrían extenderse hasta el tercer trimestre del año. La parálisis en el sector bananero, los cierres de comercios y la caída en el turismo son síntomas de una herida que tardará en sanar.
En el plano político, el Gobierno enfrenta el dilema de contener nuevas manifestaciones sin comprometer las libertades fundamentales. El uso del estado de urgencia ha encendido alarmas sobre el equilibrio entre seguridad y democracia.
¿Una crisis local o un síntoma nacional?
Lo ocurrido en Bocas del Toro no es un hecho aislado. Es el reflejo de una fractura histórica entre el centro y la periferia, entre las decisiones del poder y las necesidades del territorio. La violencia no debe justificarse. Pero tampoco puede ignorarse el origen de la rabia.
Si el país no toma en serio la urgencia de un modelo de desarrollo más equitativo, transparente e inclusivo, lo que hoy vemos en Bocas del Toro puede repetirse con nuevos rostros y en nuevos lugares, pero con las mismas heridas.
