Se cumple con acuerdo pactado en la comarca Ngäbe-Buglé.
La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos aprobó en primer debate el proyecto de ley No. 313, mediante el cual se deroga la Ley 8 de 11 de febrero de 2011, que reforma el Código de Recursos Minerales.
La iniciativa surgió en vista de los reclamos presentados por las comunidades indígenas Ngäbe-Buglé por la expedición y entrada en vigencia de la Ley 8.
“En vista de tales acontecimientos y en aras de procurar un ambiente en donde prevalezca la paz, principio sobre el cual se cimenta el desarrollo del país, los diputados dieron su voto positivo a la derogación de la mencionada ley de minería”, expresó el diputado Arístides De Icaza, quien preside la comisión.
Clima de respeto
El diputado De Icaza explicó que el proyecto de ley es producto del acuerdo logrado entre la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de la comarca Ngäbe-Buglé y el Gobierno nacional, en el cual quedó establecido que no se explotará el cerro Colorado.
De igual forma, indicó que mediante la Ley 8 se ofrecían más beneficios económicos a las comunidades indígenas; no obstante, ahora se volverá a poner en vigencia el Código Minero anterior, que sólo brinda ganancias para las comunidades por el orden del 2% y no del 5% como se señalaba en la Ley 8.
“Quedamos igual que en el pasado”, sostuvo el diputado tras la derogación en primer debate de la Ley 8, y dijo que ya no se verán los beneficios que se planteaban en la ley porque el pueblo desconocía sus bondades.
Propuesta Ngäbe
Estimó que la propuesta presentada por los representantes de las comunidades indígenas ngäbe buglé ante la Asamblea Nacional para evitar la explotación minera en sus territorios son bien recibidas, pues los pueblos tienen el derecho a expresar sus aspiraciones y la Asamblea tiene el derecho a acogerlas, no obstante, como Asamblea los diputados tienen el deber de someter el tema a discusión.
“Yo no deseo que mi gente siga viviendo en lugares donde no hay salud y donde los niños mueren de hambre porque no tienen atención”, agregó.
Precisó que las leyes del país son para todos los nacionales y extranjeros que aquí habiten y los pueblos originarios son más panameños que todos, pero no son un territorio o una república aparte del resto de la nación.
