Con 38 votos a favor, cero en contra y 17 abstenciones, el pleno de diputados de la Asamblea Nacional aprobó este martes en tercer debate el proyecto de ley que establece sanciones y medidas que podrán imponerse a los menores infractores de 12 años.
El proyecto presentado por el órgano Ejecutivo, modifica artículos de la Ley 40 de 1999, sobre el régimen especial de Responsabilidad Penal para la adolescencia, para reducir la edad de imputabilidad de los menores infractores de 12 años, y así, enfrentar la ola de criminalidad que se vive en el país, de tal forma que los puedan responder por sus actos.
De acuerdo a la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, diputada Marilyn Vallarino, a este gobierno le ha correspondido corregir las irresponsabilidades de los gobiernos anteriores ya que en el pasado período legislativo, solicitó a la Asamblea Nacional que se aprobara una ley en ese sentido y no se le tomó en cuenta, mientras que cada día más menores delinquían.
Indicó que la Ley es conveniente, porque más que castigo es la prevención, y lo que se busca no es castigar al niño, sino buscar alternativas que permitan a los jóvenes alejarse de los malos vicios.
La iniciativa contempla que esta Ley es aplicable a todas las personas que hayan cumplido los doce años y no hayan cumplido los 18 años de edad al momento de cometer el delito que se les imputa.
Igualmente, se aplica a los procesados que cumplan los 18 años durante los trámites del proceso, así como a las personas mayores de edad acusadas por actos cometidos luego de haber cumplido los doce años y antes de cumplir los 18.
Por otro lado, la nueva ley establece que durante la investigación de los hechos punibles y en las fases del procedimiento, los adolescentes gozarán de los derechos y garantías que consagran la Constitución Política de la República.
También, a los adolescentes se les garantizará un tratamiento justo y una decisión expedita, de acuerdo con las reglas del debido proceso, las cuales comprenden, además de los derechos que se les reconocen en la jurisdicción penal ordinaria, entre ellas la confidencialidad.
El proyecto de ley contempla además, temas como ampliar el derecho de la confidencialidad a la Unidad Especial de Adolescentes de la Policía Nacional, entendiendo que dicha entidad debe participar en una red de información de los menores que estén involucrados en delitos.
