La sociedad civil tendrá la última palabra en cuanto a la propuesta de instaurar en Panamá la pena de muerte o cualquier otra alternativa, como la cadena perpetua o la pena máxima de 100 años, según dijo el diputado Marcos González.
Las declaraciones surgieron tras reunirse con representantes de la etnia negra, el sector transportista y víctimas de la violencia del distrito de San Miguelito. La jornada continuará mañana con la Iglesia católica.
González reiteró que su intención no es imponer una alternativa. Por eso recordó que de su propia iniciativa acordó con sus asesores legales llevar a cabo un periodo de consulta con las organizaciones que avalan y que se oponen al anteproyecto de ley.
Durante la jornada de este lunes, hubo posiciones diferentes. Algunos, como el sector transporte, considerado uno de los más golpeados por la violencia extrema, el proyecto debe mantenerse tal como se redactó. Mientras que otros, que incluye, la etnia negra, han solicitado algunas modificaciones.
En el marco de la reunión, se oyó la narración de experiencias vividas de personas que enfrentaron cara a cara la muerte y que hoy, lamentablemente, están lisiados. En tanto, para un grupo de transportistas de Tocumen el problema radica en la falta de una política de seguridad constante y permanente.
Para el presidente de la Fundación Bayano, que acoge a jóvenes vulnerables de la raza negra, Arturo Jordan, la mejor propuesta debe estar dirigida a incomunicar a los infractores y de acuerdo con él la construcción de un penal insular podía constituirse en la mejor idea.
