El Gobierno de la República de Panamá dio un plazo de siete días a las autoridades colombianas para que retire al país de la lista de “paraísos fiscales” y así dar paso a las negociaciones entre ambas naciones en igualdad de condiciones.
El Gobierno de Panamá comunicó que la canciller colombiana María Ángela Holguín ha solicitado una audiencia para el próximo viernes con la vicepresidenta y canciller Isabel De Saint Malo de Alvarado, en la que también participará el Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia, Santiago Rojas.
El Ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Melitón Arrocha, por su parte, viajará a Colombia para compartir con su homóloga las medidas que ha estado evaluando Panamá en función de la ley de retorsión y otras medidas recíprocas más inmediatas, así como para examinar las medidas que Colombia ha aplicado a Panamá en materia de textiles y calzados.
De no ser retirados de la lista, Panamá incluirá a Colombia en una lista de países discriminatorios y anunciará las medidas recíprocas que aplicaría para defender los intereses nacionales. Dichas medidas serán concretadas por la comisión interministerial conformada por los Ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas; y Comercio e Industrias.
La vicepresidenta y canciller, Isabel De Saint Malo de Alvarado aclaró que “no es del interés de Panamá perjudicar a Colombia, sin embargo, al no encontrar salida a este tema, tendremos que recurrir a medidas defensivas”. No obstante, Panamá permanece dispuesto a encontrar una solución que se ajuste a las necesidades y realidades de ambos países.
Panamá adelantó a Colombia que a finales de este año tendría una nueva política de Estado relacionada a la plataforma de servicios financieros y corporativos internacionales, con lo que se planteó extender el plazo para iniciar conversaciones. Todas estas propuestas han sido rechazadas por las autoridades colombianas.
Panamá cuenta con un sistema fiscal competitivo y sólido, por tanto, el Gobierno rechaza categóricamente cualquier designación de “paraíso fiscal”, por cuanto refleja más bien un desconocimiento del funcionamiento del sistema tributario panameño, que ha sido reconocido por organismos internacionales debidamente acreditados.