Por: Lic. Rubén Darío Córdoba Barría
Está claro que el nivel de la política panameña es bastante bajo: un conjunto de partidos sin diferencias de fondo, un clientelismo galopante, un debate político pobre y una serie de instituciones que no funcionan como debería en una democracia moderna, sin obviar, claro está, el tema de la corrupción a todos los niveles de gobierno. Ante la baja calidad de la política y los políticos panameños (salvo raras excepciones), hay principalmente dos reacciones que uno escucha en la calle, ya sea en una de esas típicas conversaciones espontáneas o incluso al abordar un taxi (pues los taxistas saben de todo un poco), una es: “que va hermano, a este país no lo salva nadie, el problema somos nosotros mismos, pueden hacer todas las leyes que quieran, la enfermedad no está en la sábana, sino en el enfermo, si el panameño no cambia de mentalidad, nada va a cambiar” (cultura), la otra reacción es: “que va hermano, aquí lo que se necesita es orden, el que roba que vaya preso, el funcionario que no sirve, que lo manden para su casa, etc” (instituciones), aunque algunos se van al extremo de decir –y lo hacen con toda seriedad- que lo que a este país le hace falta es que regrese Noriega, porque cuando él estaba, no había tanta inseguridad ni tanta “robadera” como ahora y había mas orden, no son pocos, por cierto, los que esgrimen este último argumento. Estas posiciones son, obviamente, comprensibles, pero igual de incompletas para explicar el estado de la política criolla: efectivamente, se necesita un cambio en la cultura política panameña, pero también un cambio en las instituciones políticas.
El cambio cultural, si bien tiene un componente individual, sólo puede impulsarse mediante una sólida educación cívica a nivel primario y secundario, algo similar a lo que en España han dado en llamar “educación para la ciudadanía” y que tiene como objetivo “[…] favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable” (Real Decreto 1631/2006)
Aun así, de poco sirve que haya buenos ciudadanos, si las instituciones no funcionan bien: ya sea por la excesiva concentración de poderes del gobierno central, ya sea porque el Ejecutivo tiene penetrado todos los órganos del Estado, haciendo desaparecer “los balances y contrapesos” que todo régimen democrático requiere, o porque el clientelismo ha sustituido a la carrera administrativa, haciendo desaparecer la meritocracia, o por la odiosa “politización” de tantas instituciones (Defensoría del Pueblo incluida) y así sucesivamente, tantas otras deformaciones propias de la estructura constitucional panameña. He aquí donde entra el tema del cambio constitucional. Cualquiera ecuación de cambio debe incluir la variable del cambio constitucional y dicho cambio sólo puede producirse de forma democrática y realmente participativa por medio de una asamblea constituyente. El momento del cambio constitucional llegará tarde o temprano, dependerá de nosotros estar a la altura de esa coyuntura, que demandará la participación seria y responsable de todos los sectores de la sociedad panameña, despojados de todo dogmatismo y de concepciones cerradas o totalitarias de la sociedad; abiertos, en cambio, al pluralismo democrático.
El autor es: Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas
