Por: Alberto E. Fadul N.
En la consideración de muchos, contamos con una Institucionalidad Democrática en Panamá; sin embargo, la realidad es otra. Nuestra Institucionalidad desde 1968 fue resquebrajada y violentada constitucionalmente; en el presente, no existen cambios positivos. Hoy la misma esta azotada por los vientos de la ingobernabilidad, demasiadas huelgas y amenazas de… Esta realidad que cuenta con un marco de referencia cierto: las reglas del juego, eje fundamental de la Institucionalidad, se alejan mucho de lo que ciudadanía reclama.
El conjunto de normas constitucionales, así como las leyes formales que de ellas emanan, reflejan a toda luz una Institucionalidad incierta, corrupta, carente de transparencia y equidad. La orientación de nuestras normas constitucionales es, fundamentalmente, de carácter político lo que hace peyorativo el término. Ellas facilitan las intenciones, perseverantes, de dominio por parte de los Partidos Políticos, con su gama de intereses propios y simplemente dañinos. Tal opinión se fundamenta en la composición de los tres Poderes del Estado, donde los pesos y contrapesos que garanticen su operatividad efectiva son, en todo sentido práctico, inexistentes.
De esa flaquencia siempre surgirán, irreversiblemente, instituciones públicas que ostentan la burocratización, elevada a estatus de arte negativo, profesando su anquilosamiento institucional, sin respuestas conducentes ante las necesidades que nos agobian y sus consecuentes costos que terminan promoviendo el alza impositiva, con sus secuelas correspondientes que afectan, severamente, a la ciudadanía en general y el buen desarrollo económico y social del país como un todo. Burocracia que facilita los procesos de corrupción en todos sus niveles administrativos y dentro de los tres poderes del Estado, generando un clientelismo sofocante y oportunista, aplaudiendo y fortaleciendo la filosofía del “juega vivo” situación esta que, en el amplio espectro, desenfoca el desarrollo ordenado de la nación, conformando los focos de pobreza flagelados por una creciente criminalidad, salud pública deficiente, desempleo rampante (oculto en el sesgo estadístico que ofrece el gobierno), sistemas proteccionistas de transporte y carga, la falta de viviendas apropiadas, incapacidad de aquellos que menos o nada tienen, de unirse al progreso por medio de su integración a los procesos de generación de riqueza que corresponde en un país capitalista y varios otros que opto por no señalar.
Es así que señalamos con la fuerza de lo inevitable y consecuente, la necesidad de reafirmar y fortalecer la Institucionalidad Democrática, vía la reforma integral de nuestra Carta Magna, entre otros factores, colocando a los partidos políticos en su sitio, obligándoles a contar con una visión y misión de país clara que obviamente no poseen y les impide, a su conveniencia, retornar al camino de su génesis histórica.
El continuar engañándonos con un crecimiento económico creciente que, por si sólo, alejado de un desarrollo económico y social integral y sostenible, potencia un peligroso aumento de la pobreza que, como imán electrónico, atrae la displicencia de quienes no son objeto ni sujetos directos de la equidad social. Estos ven, con crecientes niveles de tolerancia paliativa, en los actos de ingobernabilidad, el camino alternativo a su status inicuo, aferrándose a un cambio potencial, diferente al de la Institucionalidad Democrática.
Los gobiernos de turno deben reconocer el valor significativo de la participación ciudadana, no la hipócrita valoración gubernamental de simplemente ostentarla y ponerla a un lado cuando conviene a los partidos políticos proseguir por el camino de sus intereses partidistas.
La demagogia, en manos de los servidores públicos, representa una herramienta obsoleta, que nunca sirvió ningún propósito relevante o productivo para el Estado. En nuestra historia, del 68 en adelante, sólo revalidó el atraso que hoy nos continúa hundiendo en las tierras movedizas de la insolvencia moral y, así continuaremos si no despertamos a la realidad necesaria de un fortalecimiento Institucional. Para ello, necesitamos una real validación estratégica de la Sociedad Civil panameña. La participación ciudadana, así como la transparencia y el consenso que de ella emanan, debe contar con la garra y el peso que le corresponde en democracia, pues ella es la verdadera fuente de una esperanza burlada por todos los gobiernos de turno. Basta ya de que los políticos manifiesten, burlona y descaradamente, que si ésta desea gobernar, debe ingresar o conformar un partido político. Es claro que a ella no le corresponde gobernar. El gobierno que ignore la participación ciudadana o la menos precie, no es democrático, es oportunista y tirano. Los partidos políticos que no entiendan este valor y no lo practiquen, no son pertinentes en democracia. De seguir así, continuaremos con el país que no queremos, manteniendo una Institucionalidad que no nos asiste, pues de democrática no tiene un pelo…
