odas aquellas empresas que se resistan a suministrar a la autoridad competente información referente al salario de un subalterno para evadir la obligación del pago de pensión alimenticia serán sancionadas con multas de hasta B/.5 mil, cuando caiga en desacato, de acuerdo con el Proyecto de Ley General de Pensión Alimenticia, que se discuteen la Comisión legislativa de Asuntos de la Mujer, la Juventud, el Niño y la Familia, presidida por la diputada Marilyn Vallarino.
Según estadísticas del Órgano Judicial, el mayor índice de solicitudes de pensiones alimenticias se dan en las provincias de Panamá y Chiriquí, las cuales ascienden a más de cuatro mil casos, debido a que existen muchos sumarios que no son llevados ante las instancias jurisdiccionales, sino que son ventilados ante las autoridades de policía, es decir, las corregidurías.
El proyecto, que consta de 106 artículos, establece que el empleador deberá proporcionar la información dentro de cinco días hábiles siguientes al aviso de la nota petitoria; de lo contrario, salvo causa justificada, será sancionado con una multa de B/. 100 a 500 la primera vez.
Igual sanción se le aplicará al empleador cuando incumpla la orden de descuento directo, secuestro, embargo o cualquier otra medida impuesta por la autoridad competente al salario, remuneración o prestaciones laborales del obligado a dar alimentos.
El documento establece que la pensión alimenticia es inembargable y tiene prioridad sobre cualquier otra deuda que tenga el obligado en el pago de ella y no estará sujeta a los porcentajes y limitaciones establecidas para descuentos directos fijados en otras leyes.
Asimismo, cuando el obligado no consigne la cuota alimenticia en la fecha y condiciones decretadas, a solicitud de la parte demandante, se ordenará la aplicación de medidas cautelares y cada seis meses se publicará su nombre y cédula en una lista de morosos en un medio de comunicación social escrito.
Según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la República de Panamá tanto nacionales como extranjeros ocultan sus bienes a través de sociedades anónimas, fundaciones, pensiones ficticias de madres, padres para evadir la obligación real de cumplir con el derecho a la alimentación de los hijos.
El proyecto de ley, que se encuentra en consulta, será discutido el próximo período legislativo luego de que sea consensuado con los diferentes sectores involucrados en este importante tema, según dio a conocer la diputada Marilyn Vallarino.
