El Contralor General Gerardo Solís, citó al Director Nacional de Fiscalización y a la fiscalizadora de la Contraloría en la Asamblea Nacional a quien, luego de rendir su informe se le comunicó de la suspensión por tres días de sus funciones como sanción administrativa ante el manejo en la compra de 7 mil mascarillas para uso del Órgano legislativo.
Conjuntamente con la medida administrativa, el contralor Gerardo Solís instruyó negar el pago, hasta tanto se ajuste el precio de la adquisición, ya que actualmente no es justo y razonable, a la vez que ordenaron correctivos administrativos para que la situación no se repita.
La funcionaria, con más de 35 años de servicio en la Contraloría, se sintió sorprendida en su buena fe al tomar la decisión ante la presión de la urgencia necesaria para la seguridad de diputados y personal administrativo de la Asamblea Nacional.
La Contraloría General de la República espera que esta sanción sea ejemplo para el resto de los fiscalizadores para mantenerse firmes en la salvaguarda de los recursos y bienes de la Nación y no sucumbir ante lo rutinario ni presiones de ningún funcionario u órgano del Estado.
El contralor Solís, agradece una vez más tanto la denuncia ciudadana como la labor de los medios de comunicación por la denuncia ante la adquisición de 7 mil mascarillas protectoras para el Órgano Legislativo por un precio unitario de B/ 2.50 para un monto global de 18 mil balboas, incluyendo impuestos que no serán pagados.
