Muy buenas tardes amigos de los diferentes medios de comunicación social presentes, personal de la Contraloría General de la República, Panameños y Panameñas que nos ven y escuchan en este momento.
Responsablemente debo hacer de conocimiento de la ciudadanía, que esta mañana recibí una nota de la Presidenta de la Asamblea Nacional, donde nos solicitaba la devolución de todos los documentos que se referían al objeto de gasto 080 o sea referentes a una de las planillas de la Asamblea Nacional que reposaban bajo la custodia del equipo de fiscalizadores de la Contraloría General de la República para su revisión.
Lamentablemente en un acto insólito, arbitrario y sin precedente, antes de esperar una respuesta a la solicitud, personal de la Seguridad de la Asamblea Nacional irrumpió en las oficinas asignadas para la nuestras revisiones, solicitó a nuestro personal separarse de las instalaciones y procedieron a retirar los expedientes que estaban en proceso de revisión, además de apropiarse de los papeles de trabajo de los fiscalizadores de la Contraloría General, y a clausurar las oficinas para impedir el ingreso del personal nuevamente. Es importante dejar constancia que dichas cajas eran pieza importante de nuestro trabajo, puesto que mostraban múltiples irregularidades en el manejo de dichas planillas.
Por lo anterior y por razones de transparencia en la gestión pública, me corresponde hoy explicar a la ciudadanía las realidades y controversias existentes con respecto a las planillas de la Asamblea Nacional, al igual que el manejo que la Contraloría General de la República le está dando al tema, entre ellos el porqué de la suspensión que hemos hecho a cientos de contrataciones dentro de las planillas la Asamblea, desde enero del presente año a la fecha.
La Contraloría General de la República, como el ente estatal independiente encargado de fiscalizar, regular y controlar todos los movimientos de fondos y bienes públicos, le corresponde asegurarse que estos sean manejados adecuadamente; y ningún funcionario público; repito ningún funcionario público, ni Órgano del Estado está exento de los procesos de fiscalización que ejerce la Contraloría General de la República. Creyentes en ese principio, el año pasado por primera vez en nuestros 114 años de historia republicana, la Contraloría General, decidió ordenar una Auditoría a la Asamblea Nacional, ente que jamás había sido objeto de algún tipo de auditoría de sus contratos o pagos a sus funcionarios.
Lastimosamente, los resultados de dichas revisiones no son para nada halagadores.
Con respecto a lo que pudo haber estado aconteciendo a través de tantos años en el manejo inapropiado e irregular de dichas contrataciones en la Asamblea Nacional, gracias a nuestras revisiones y avances de las auditorías en proceso, hoy contamos con serios indicios de su ocurrencia, por lo que, tal cual como nos autoriza la ley, aparte del ordenamiento de una auditoría forense, habíamos instruido también suspender el pago a todos aquellos funcionarios que se amparan bajo la modalidad de estos nombramientos y contratos en la Asamblea Nacional, que no pudieran sustentar correctamente la prestación de sus servicios, o que prestan servicios que no tuvieran que ver con la gestión que le corresponde a este Órgano del Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 163, numeral 6, de la Constitución Política de la República que lee así:…………….
Es prohibido a la Asamblea Nacional:
- Hacer nombramientos distintos de los que les correspondan de acuerdo con esta Constitución y las leyes.
Luego de la primera revisión de nuestros equipos de fiscalizadores a las mencionadas planillas, pudimos profundizar y determinar que los fondos de todos los panameños están siendo manejados, en muchos casos de forma irregular y dudosa. Hemos encontrado múltiples hallazgos como casos de nombramientos de familiares cercanos y allegados políticos que no prestan servicios que tienen que ver con las funciones de la Asamblea, o las comúnmente llamadas “botellas”, actuaciones irregulares y dudosas por la forma en que se cambiaban los cheques, y falta de información que compruebe que las personas nombradas prestaron algún servicio.
Por todas estas razones y hallazgos, procedimos con la autoridad que nos concede la Constitución y la Ley, a ordenar una auditoría profunda a las planillas de la Asamblea Nacional, de la misma forma en que habíamos ordenado la suspensión del pago a todos los nombramientos que presentaban irregularidades.
A la fecha habíamos dejado de refrendar o suspendido el pago a más de 3200 funcionarios, para luego continuar con las revisiones faltantes.
Debo resaltar que en esa planilla existe una cantidad de personas que están genuinamente trabajando, realizando sus funciones para la Asamblea, sin embargo, estos lastimosamente, aparentan ser la excepción.
Así como hoy se nos impidió el continuar las revisiones correspondientes a las planillas de la Asamblea Nacional, también es de conocimiento público que la Auditoría ordenada por la Contraloría General de la República, a la Planilla 080 fue impedida por la Representante Legal de la Asamblea Nacional la semana pasada, sin embargo debo dejar claro que usaremos todos; repito todos los argumentos jurídicos para lograr poder revisar y presentar a la ciudadanía y a las autoridades que correspondan, un informe pormenorizado de cómo se manejaron dichos fondos.
Señores y señoras, dice el viejo refrán que quien no la debe, no la teme; pues me sorprende entonces la insistencia de no permitir a la Nación –no a la Contraloría, A LA NACIÓN- conocer cómo se manejan los fondos, que son de todos los panameños.
Sin embargo, si la acción de fiscalizar los actos de manejo de fondos en el pasado es obstaculizado, a través de recursos legales o por medidas arbitrarias; hacia adelante, mientras no se pueda certificar el manejo correcto de los mismos, procedemos a suspender, como hicimos hoy con la Planilla 080, y lo haríamos con cualquiera otra institución, todos los pagos en los que no se permita la acción de control de la Contraloría General que garantice el uso apropiado de los dineros públicos.
Es importante mencionar hechos irregulares evidentes como los siguientes:
- Cómo fiscalizadores de la cosa pública, crea mucha suspicacia nombramientos donde nos presentan a 9 familiares en la planilla de la Asamblea y durante los años revisados cobraron un total de B/.117,835.80 Balboas.
- U otra que, tienen nombrados a 6 miembros de su familia y devengaron un monto de B/.70,739.27 Balboas.
- O casos el caso en que nos presentan el nombramiento de una familia completa, donde encontramos al esposo, la esposa, los 3 hijos y las 2 cónyuges de esos hijos.
De lo anterior, surge importantes dudas sobre la forma de selección que usan en la Asamblea Nacional para contratar el personal con el que se está supuesto a trabajar y ese tipo de casos son muy comunes en todos los partidos políticos.
Ahora pasemos al tema de marcaciones irregulares:
Cuando la Contraloría inició las revisiones muchos documentos ni siquiera existían y fueron producidos por razón de que la Contraloría había comunicado el inicio de la revisión. No existían documentos que sustentaran la prestación del servicio.
- Cómo puede un diputado firmar hoy la aseveración de que una persona trabajó en Enero, Febrero y Marzo, esto no hay formar de comprobarlo. Sin embargo, las oficinas de los Diputados presentaron informes confeccionados meses después a la supuesta prestación del servicio.
- Pruebas como esta nota, informes firmados por el Diputado en blanco para ser llenados posteriormente. Eso es un documento inaceptable por la Contraloría.
- O Como podemos aceptar que un diputado nos presente un personal que trabaja solo 4 horas al día cuando la ley dice que todo funcionario público tiene que trabajar 8 horas al día.
- O documentos como esto sin el nombre de la persona.
- O en otros casos también, podemos mencionar informes firmados donde dice que su personal trabajó lunes, martes de carnaval y miércoles de ceniza y luego que había trabajado también Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria simplemente llenaban en blanco los documentos sin asegurarse la prestación del servicio por que esos días no se laboraba en el Estado.
- O peor aun cuando un Diputado firma un documentos y nos indica que su personal trabajó el 29, 30 y 31 de febrero, señor Diputado el mes de febrero solamente tiene 28 días.
Tantas incongruencias, informes tan irregulares y lastimosamente tan falsos crean muchas suspicacia de que en la Asamblea Nacional existen personas cobrando sin trabajar y pensar que lo están apadrinando.
Al revisar los endosos de los beneficiarios de cheques de las planillas tropezamos con eventos inusuales tales como:
- Dobles endosos a favor de un funcionario de alta jerarquía por más de Cincuenta Mil Balboas para ser cambiado en efectivo.
- O cheques girados para pagar supuesto personal de la Asamblea, depositados en la cuenta personal de un mismo funcionario, por más de 60,000 Balboas.
Como pensar que no causa suspicacias que una empresa haya depositado en su cuenta 917 cheques de múltiples planillas de Diputados de distintas bancadas de la Asamblea por más de 630 Mil Balboas.
Cómo no va a crear suspicacia que en nuestros avances preliminares hallemos que se cambiaron cheques de planillas por más de 1.1 millones de dólares, en la misma sucursal del mismo banco y con la misma cajera y en la gran mayoría, presentaban múltiples bloques de cheques pre endosados para cambiarlos en efectivo cosa que es ilegal también.
Señores, las inconsistencias e irregularidades que hemos hallado en nuestras revisiones hablan por sí solas y este es el tipo de hallazgos son los que nos obligan a suspender de estas planillas en la Asamblea Nacional.
Señores es inaceptable que un panameño se levante a las 4 de la mañana para asistir a su trabajo, y regrese a su casa a las 7, 8 ó 9 de la noche para poder llevar el sustento a su hogar, mientras que su vecino -esté cobrando un salario de la Asamblea Nacional sin derramar una gota de sudor…. Por el simple hecho de ser un activistas político amigo. Muchas veces el salario es hasta mayor que el de aquellas personas que si trabajan, pero la parte más triste, es que el salario de esas personas que “supuestamente trabaja para la Asamblea Nacional”, sale del trabajo y de los impuestos pagados con el esfuerzo y sudor de esa persona que si trabajan honestamente; no hay injusticia más grande que esta. Igual de criticable es el nombramiento de cientos de personas que se contratan bajo el esquema de supuestos “promotores comunitarios o deportivos”, cuando son en realidad “promotores políticos”. Si algún diputado desea contratar personas para sus intereses políticos, debiera hacerlo con sus propios fondos y no con los impuestos que pagan todos los panameños.
Hemos indicado a la Señora Presidenta de la Asamblea, luego de presentados nuestros requerimientos, que la Contraloría no incluirá planillas o refrendará contratos de trabajo sin la información necesaria para una fiscalización adecuada, lo único que esta Institución solicita es la lista de las personas que trabajaban, para que Diputado trabajaban, en qué lugar trabajaban y cuáles son las funciones que desempeñan, y a la fecha no nos han podido proveer la información solicitada.
La negación de lo anterior dice mucho de la transparencia con la que la institución se maneja, por lo que invito a la Asamblea Nacional a que publique en su página web el nombre de todos los funcionarios junto al nombre del Diputado para el cual supuestamente trabajan, y el salario que devengan, para que la ciudadanía conozca en manos de quién están terminando los fondos de todos los panameños.
Un último mensaje a aquellos diputados que adversan el trabajo que está llevando adelante la Contraloría General de la República: “Un funcionario público está obligado a trabajar bajo los parámetros que dicta y obliga la ley; pero un funcionario público decente, actúa como le dicta y le obliga la ley, pero también como le dicta y obliga su conciencia”. Hagamos un cambio; Panamá lo merece.
Agradezco el apoyo que ha recibido esta institución por parte de tantas voces, de la opinión pública y de los panameños decentes que claman con terminar estas conductas. Pueden tener la seguridad que mientras me corresponda llevar las riendas de esta institución, junto con los 3,800 funcionarios que laboran en la Contraloría General de la República, continuaremos en la lucha implacable para que de una vez por todas se termine lo que se había convertido en un manejo que, a pesar de incorrecto, era común en nuestra Asamblea Nacional. Señores, las reglas del juego deben cambiar, así lo exigiremos, pues así lo exige la ley y así lo exigen nuestros ciudadanos.
Muchas gracias
