La juez Primera de Circuito Penal de Panamá, Agueda Rentería Sánchez, en audiencia ordinaria, celebrada en la mañana de este jueves 5 de julio, se acogió al término de la ley para dictar sentenciadentro de la causa penal seguida al exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Luis Enrique Cucalón Uribe, sindicado por la supuesta comisión de los delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado y corrupción de servidores públicos.
A este acto de audiencia, compareció en representación de la Fiscalía de Descarga Anticorrupción, Adecio Mojica, quien pidió sentencia condenatoria para Cucalón por el delito de peculado agravado, que tiene una pena de 8 a 15 años y el de corrupción de funcionarios, que tiene una pena de 4 a 8 años, fundamentado en los artículos 338 y 346 del Código Penal, en perjuicio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El fiscal habló sobre la responsabilidad de Cucalón dentro del caso, y la vinculación entre la DGI y la empresa Cobranzas del Istmo, que cobraba las morosidades en favor del Estado.
El representante del Ministerio Público explicó que se pudo determinar que se malversó el dinero, porque luego que se cobraba, se transfería el dinero a la cuenta de Cucalón. Además Cristóbal Salerno, con el acuerdo de pena, admitió los hechos y aceptó haber entregado dinero al entonces director de la DGI, con el pretexto de agilizar los trámites para que la empresa cobrara más rápido.
Por parte de la querella del MEF,el abogado Jorge Ortega, se sumó a la petición del Ministerio Público, en solicitar sentencia condenatoria.
También asistió el abogado particular Edwin Teira, en defensa del imputado Cucalón, quien pidió para su representado sentencia absolutoria , por considerar que no hay una debida sustentación de los delitos, no se pudo acreditar la malversación, faltas concluyentes, evidencias contundentes del MP y ante esta duda, Cucalón debía ser absuelto.
La audiencia inició a las 10:30 de la mañana y tuvo una duración de una hora.
Según consta en el expediente, que contiene unos 52 tomos, esta causa penal guarda relación con las supuestas irregularidades en las cláusulas del contrato N° 100 de fecha 25 de agosto de 2010, entre la Dirección General de Ingresos y la empresa Cobranzas del Istmo S.A., que según un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, se ocasionó una lesión patrimonial de B/.29,561,501.67, de los cuales, el imputado Cristóbal Salerno devolvió B/.20,699,982.98
