La cita de la contralora con la Asamblea Nacional fue un hecho. Gioconda Torres de Bianchini se presentó y se convirtió en el tercer funcionario que llega a este parlamento a rendir cuentas. La semana pasada comparecieron el ministro de Economía y Finanzas y el Director de la Caja de Seguro Social.
En esta oportunidad, la contralora, que finaliza su gestión el 31 de diciembre, respondió a un cuestionario de siete preguntas relacionadas con la eliminación del control previo en varias entidades y un informe sobre la declaración de bienes de los funcionarios entrantes y los salientes, además del monto por pagar de los proyectos llave en mano y el estado de la deuda pública y los contratos que fueron denunciados por sobreprecios pagados por el Estado.
Fiscalización y no persecución
El presidente de la Asamblea Nacional indicó que fue una sesión democrática, y en la que se dio el tiempo necesario a la funcionaria para prepararse y destacó que la citación de la funcionaria no es persecución política, sino fiscalización.
Manifestó que el pueblo panameño, representado en este órgano del Estado y que sigue las trasmisiones, se percató de las respuestas que brindó la contralora.
Para el jefe del Legislativo con estas comparecencias los funcionarios deben tener claro que aquí se va a legislar para fiscalizar y aprobar proyectos a favor de los panameños.
Fue categórico al señalar que esta citación no fue ningún circo, porque se trató de despejar dudas en materia de control fiscal.
Los parlamentarios de las bancadas representativas del PRD, Panameñismo, Cambio Democrático y la representante independiente, cada miembro de una lista larga, se les dio un tiempo de 30 minutos para hacer sus preguntas.
En la sesión, que se inició temprano, Torres de Bianchini dijo que durante su administración no se eliminó el control previo a ninguna entidad, lo que se aplicó fue un proceso de excepción. Pero recordó que dichas excepciones están condicionadas a que las administraciones rindan un informe posteriormente. A la fecha, señaló que estas instituciones exceptuadas del control previo han presentado 61 informes de rendición de cuentas.
Señaló que con la entrada en vigencia de la Ley 59 contra la corrupción administrativa, desde 1999 al 30 de junio de 2014, un total de 12 mil 670 servidores públicos han presentado copia de su declaración jurada del estado patrimonial. Añadió que desde el 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2014, un total de 9 mil 452 servidores cumplieron y 813 no presentaron su estado patrimonial, mientras que en el nuevo periodo solo 378 servidores han cumplido con esa obligación.
Dijo que se han recabado informaciones financieras de las partidas circuitales de 643 juntas comunales y cuyos dineros están relacionados con diferentes fuentes que originan esas asignaciones entre ellas el Programa Nacional para el Desarrollo Local (PRONADEL), Proyecto de Desarrollo Educativo (PRODE) y Proyecto de Desarrollo Social.
Sobre contrataciones directas realizadas desde el 1 de julio de 2009 al 30 de junio al 2014, la contralora presentó un grafica en que describía el monto así: el Gobierno Central, mil 157.22 millones; descentralizadas, 151.68 millones; empresas públicas, 205.97 millones; intermediarios (bancos), 6.69 millones; municipios, 5.08 millones, lo que hace un total de mil 526.64 millones.
Sobre la deuda interna, señaló que su comportamiento fue el siguiente: diciembre de 2009 (822.2 millones), diciembre de 2010 (mil 191.0 millones), diciembre de 2011 (mil 903.8 millones), diciembre de 2012 (3 mil 482.8 millones), diciembre de 2013 (3 mil 452.5 millones) y junio 2014 (4 mil 403.3 millones).
En tanto, el comportamiento de la deuda externa se reflejó en junio de 2009 (8 mil 907. 3 millones), diciembre de 2009 (diez mil 150.1 millones), diciembre 2010 (10 mil 438.5 millones), diciembre 2011 (10 mil 910.4 millones), diciembre 2012 (10 mil 782.4 millones), diciembre 2013 (12 mil 231.1) y junio 2014 (13 mil 236.2 millones).
