Ante el desarrollo de las investigaciones iniciadas a nivel internacional sobre el caso Odebrecht y el reciente comunicado de la Procuradora General de la Nación, el Partido Revolucionario Democrático considera:
Que con gran indignación, al igual que la sociedad panameña, durante años hemos denunciado desde la oposición el excesivo costo de todas las obras de infraestructura contratadas por la pasada y presente administración, las cuales pudieron desarrollarse sin endeudar al país en la forma desmedida en que se ha hecho y que solo se justifica por los altos niveles de corrupción que aún perduran en la administración pública.
Resulta lamentable que por más de dos años las autoridades judiciales panameñas no hayan sido eficaces para perseguir la corrupción y las lesiones patrimoniales al Estado y que en este caso solo hayan reaccionado en base a investigaciones realizadas a nivel internacional.
Creemos en la necesidad de brindarle al Ministerio Público herramientas jurídicas adicionales para investigar de manera eficaz y oportuna todos los casos de corrupción; sin embargo, es necesario que se establezcan los mecanismos para evitar la impunidad y se haga prevalecer el principio de certeza del castigo, sin selectividad de ninguna clase. Por lo tanto, consideramos que las investigaciones sobre el caso Odebrecht se hagan desde sus primeras contrataciones en el país y hasta las que actualmente están en ejecución.
Conminamos a la bancada de diputados de nuestro partido a proponer al pleno de la Asamblea Nacional la creación de una comisión especial, para que dentro de sus funciones administrativas de fiscalización consignadas en el artículo 161 de la Constitución Política, realice las investigaciones y rinda los informes que correspondan, a fin de que este Órgano del Estado dicte las medidas que considere apropiadas.
La corrupción castiga a los más humildes de nuestra sociedad, a los que más necesitan la atención del Estado. En consecuencia, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) se une a todos los gremios y organizaciones cívicas y populares que rechazan la malversación de los fondos públicos y el encubrimiento de quienes han incurrido en estos delitos y reafirma su compromiso de combatir este flagelo que atenta contra el desarrollo económico con equidad que promovemos.
