Un amparo de garantías constitucionales contra la orden de desalojo de las oficinas de los Diputados electos del PRD al Parlacen, ubicadas en Ancón, fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia, por el abogado y Diputado ante este Foro Centroamericano, Pablo Pérez.
La Corregiduría de Ancón, a petición de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cumplió ayer con la orden de desalojo emitida el pasado 31 de enero.
“Estamos presentando un amparo de garantías constitucionales debido a que se ha incumplido con el debido proceso en la Corregiduría de Ancón que a actuado los más rápido que se ha podido ver, cuando no era de su competencia sino de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia”, precisó Pérez.
Señaló que la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos antigua ARI, ni siquiera presentó certificado de titularidad de Registro Público dentro de este proceso, “ni siquiera han demostrado que son propietarios”.
Pérez manifestó que la antigua ARI donó estás fincas y estos terrenos para la subsede del Parlacen. Mostró gráficas del acto público en donde se hace la donación de los terrenos al Parlacen de parte del ex Presidente de la Asamblea Nacional, Pedro Miguel González.
Presentó escrituras en donde se demuestra que la Asamblea Nacional hizo la donación a favor del Parlacen a título gratuito de todo el inmueble que ocupa el Parlacen.
“Si nosotros no tuviésemos derecho, salimos fácilmente del inmueble y alquilamos otras oficinas, pero está acción ha sido un desmán del gobierno y tarde o temprano se pagaran las consecuencias de la irresponsabilidad de los funcionarios”, señaló Pérez.
