La dirección superior del PRD, mediante comunicados oficiales, ha expresado su determinación de jugar el papel que le corresponde como oposición democrática, estableciendo con responsabilidad los contrapesos necesarios para el correcto desenvolvimiento de las actividades del Estado.
Hemos manifestado que reconoceremos al nuevo Gobierno las acciones que mejoren las condiciones y la calidad de vida de nuestro pueblo. No haremos oposición sólo por hacerla. Sin embargo, con la misma convicción, reiteramos que vamos a cuestionarlos cuando en el camino se desvíen de los objetivos superiores al bien común y de la consolidación de la institucionalidad democrática.
El Estado de Derecho y la independencia entre los poderes públicos deben ser respetados y preservados en toda circunstancia, como fundamental activo de la sociedad. Estas consideraciones deben entenderse también, extendidas a la no ingerencia, directa o indirectamente, en la vida orgánica de nuestro Partido.
El Gobierno Martinelli llegó al poder con una estrategia publicitaria bien articulada, basada en las justas aspiraciones populares por ulteriores mejoras en su calidad de vida. Ello implica comportamientos y declaraciones, que permitan cumplir con la misión del Estado de orientar a la sociedad, para una convivencia sujeta a normas y reglas claras.
No obstante, constituye un mal ejemplo lo que se evidencia con el bochornoso caso de Bosco Vallarino y la intervención descarada de un asesor extranjero de la Administración Martinelli, en los asuntos atinentes a los gobiernos locales.
El señor Vallarino señaló que se cambió de nacionalidad presionado por los militares, sin embargo, se ha comprobado el hecho que se hizo ciudadano estadounidense en 1996, varios años después de la invasión militar a Panamá de 1989.
Ahora persiste en su fraude afianzado en una Resolución aprobada por la mayoría oficialista en la Asamblea de Diputados, que le devuelve los derechos ciudadanos que una vez perdió por mandato de la ley.
La obvia y peligrosa intromisión del Ejecutivo, en materia de privativa competencia de otros órganos del Estado, está comprometiendo la independencia de organismos públicos que deben ser tutores de las normas de derecho dentro del ámbito electoral, en este sonado caso.
El PRD se opone a tales intentos y favorece la prevalencia de la ley sobre el propósito manifiesto de justificar, con artimañas y vericuetos politiqueros, que una persona que legalmente perdió sus derechos ciudadanos y que en consecuencia no debió ser postulado electoralmente, pretenda ahora que lo acrediten como Alcalde de la Capital.
Bosco Vallarino mintió para postularse, le mintió a sus electores y traicionó su conciencia, porque ahora no le conviene la ciudadanía gringa por la que tanto luchó y por la que, incluso, renunció a la de origen, dejando a un lado su amor a la Patria que lo vio nacer.
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