El Gobierno Nacional rechaza de manera contundente las declaraciones irresponsables vertidas por una persona a través de un medio de comunicación, que crean inestabilidad y desasosiego, al referirse a anomalías inexistentes en el otorgamiento de una concesión en la provincia de Colón.
En aras de promover la tranquilidad social, la administración del presidente Ricardo Martinelli Berrocal, aclara que la concesión otorgada a la empresa Termini Financing Group se basa en estricto derecho y que en ningún momento se lesiona el patrimonio del Estado ni mucho menos los intereses del pueblo colonense.
Es lamentable, que sustentados en falsas premisas y versiones tergiversadas se intente generar confusión entre la comunidad nacional, en especial, la colonense, que en la actualidad recibe el apoyo del Gobierno para atender y resolver sus principales problemas sociales.
Es por ello, que el Gobierno Nacional, a través de la Autoridad Marítima de Panamá, hizo las valoraciones apropiadas y cumpliendo con las normas locales, otorgó a la empresa Termini Financing Group la administración de 2.4 hectáreas por un período de 20 años y con canon de tierras y fondo por 25 centésimos el metro cuadrado.
Dicha concesión representa una inversión de 3.5 millones de dólares y supera en gran medida la concesión anterior de 3.5 hectáreas que manejaba la empresa Lothian Enterprises por un período de 10 años, con vencimiento al 20 de septiembre de 2011, por un canon de tierra de 10 centésimos por metro cuadrado y un canon de fondo de 3 centésimos por metro cuadrado, y con una inversión de un millón de dólares.
Esto demuestra que la concesión regentada por la Autoridad Marítima de Panamá permite que se haga una inversión que impactará de manera positiva en la provincia de Colón y en beneficio de sus habitantes.
El Gobierno Nacional reitera a la comunidad colonense el compromiso de velar por los mejores intereses del país y solicita que no atienda esos llamados a crear climas de inestabilidad que ciertas personas, que por pensar en intereses personales, quieren frenar las acciones de desarrollo que se impulsan en la Costa Atlántica.
Archivos adjuntos