Autorizan suscribir convenio con la CAF para financiar asesoría que elaborará ley de concordato
El Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de decreto, mediante el cual se autoriza al Estado, representado por el Ministerio de Economía y Finanzas, a suscribir un convenio de cooperación técnica no reembolsable con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un monto de hasta 83 mil 400 balboas con la finalidad de realizar un análisis del anteproyecto del régimen de reestructuración de empresas de cara a la incorporación de recomendaciones necesarias para su implementación o en su defecto, reformulación del mismo de acuerdo al marco legal panameño.
El ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez explicó que en Panamá no existe una ley de “quiebras”, pese a que desde hace años se está tratando de crear este marco legal que evite los impactos negativos que trae para el empleo, la producción y la competitividad nacional e internacional, los procesos de quiebra que terminan con la disolución y desaparición de las empresas.
Frente a esta situación, la administración del Presidente Ricardo Martinelli, se ha preocupado por darle una estabilidad jurídica a las empresas, y en consecuencia, a la economía nacional, por lo que acordó elaborar una ley de concordato o recuperación de empresas.
Sin embargo, por ser una legislación que no existe en Panamá, tanto el MEF como miembros de la Cámara de Comercio y de la Asociación Bancaria de Panamá –quienes se han estado reuniendo desde el año pasado para elaborar un borrador de esta nueva legislación- acordaron contratar una asesoría externa que permita guiar a los participantes en el proceso de elaboración final de la ley.
El financiamiento para sufragar este servicio de asesoría externa se consiguió con la CAF, a través de un convenio de cooperación no reembolsable –es decir que el Estado no pagará- para elaborar el documento final de la ley.
Henríquez espera que la nueva ley de concordato o recuperación de empresas pueda estar lista antes de fin de año. Lo más importante –recalcó el ministro- es que la vigencia de esta ley nos permitirá ganar 10 puntos en el ranking Doing Business, el informe del Banco Mundial que evalúa la facilidad de hacer negocios en las economías del mundo.
Gabinete aprueba proyecto para regular estatus de refugiados en Darién
El Consejo de Gabinete aprobó un proyecto en el que se establece, con carácter excepcional, los requisitos para que los extranjeros bajo el Estatuto Humanitario Provisional de Protección puedan aplicar a la categoría migratoria de residente permanente en la República de Panamá.
La iniciativa, presentada por la ministra de Gobierno, Roxana Méndez, busca regular el estatus en que se encuentra un grupo de un poco más de 800 refugiados colombianos que vive en las comunidades fronterizas de Jaqué, Boca de Cupe, Yape, El Real y La Palma en la provincia de Darién y en Puerto Obaldía en San Blas.
Este grupo de refugiados especiales llegó a Panamá en movilizaciones masivas que datan de 1996 como consecuencia de las incursiones de grupos armados que actuaron y operaron en contra de esa población en las tierras colombianas donde eran originarias.
Ahora, como esta propuesta, dijo la Ministra, aquellas personas que desde 1998 gozan de una protección temporal especial tendrán un límite de dos años para solicitar la aplicación a la categoría migratoria de residente permanente en la República de Panamá cumpliendo los requisitos legales existentes. Con ello, podrán tener permiso de trabajo.
Según la Ministra, la citada propuesta permitiría a esa población a que, con el cambio del estatus, se integrara a la vida nacional mediante la solución duradera basada en los principios de protección, de acuerdo con los estatus internacionales, otorgándoles a los beneficiados de un régimen jurídico que ha de garantizarles la consecución progresiva de derechos hacia una integración legal y socioeconómica de Panamá.
