Panamá registra avances en su lucha contra la corrupción de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, dado a conocer este miércoles 27 de enero de 2016 por la organización Transparencia Internacional.
El istmo avanzó dos lugares con respecto al mismo reporte de la organización para 2014. Panamá quedó ubicada en el puesto 72, de un total de 168 países– con 39 puntos –en un marcador donde 100 significa altamente transparente y 0 altamente corrupto–.
En 2014 Panamá obtuvo un puntaje de 37; mientras que el año anterior fue evaluado con 35 puntos, y en 2012 obtuvo una puntuación de 38.
El informe destaca que las puntuaciones de los países pueden ser positivas donde existen mecanismos de gobierno abierto, a través de los cuales el público puede exigir que sus dirigentes rindan cuentas.
En ese sentido, durante los 18 meses de gestión el Gobierno de la República de Panamá liderado por el presidente Juan Carlos Varela ha ejecutado medidas concretas que reafirman su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Desde el primer día de gestión y por primera vez en la historia un Presidente, la Vicepresidenta de la República y funcionarios de altos cargos hicieron pública su declaración de bienes. Eso marcó el camino de transparencia de la actual gestión gubernamental.
Efectivo manejo de recursos
Sumado a esto, el mandatario ha impulsado leyes que garantizan un efectivo y racional manejo de los recursos del Estado para beneficio de toda la población. Tal es el caso de la Ley de Descentralización del Estado, impulsada, consensuada y sancionada por el presidente Varela, convencido de que esta norma es el camino para el crecimiento económico, político y social de las comunidades.
La Ley de Descentralización, que entró en vigencia el pasado el 1 de enero de 2016, contempla el traslado de las recaudaciones de los impuestos de inmuebles por más de 200 millones de balboas para inversiones públicas en obras comunitarias de cada municipio. Además establece un presupuesto mínimo de 500 mil balboas para aquellos municipios que no generan ingresos. Estos recursos deberán ser utilizados así: 90% para inversión y 10% para funcionamiento.
Además, con el objetivo de que las compras que se realicen sean más transparentes, que el Estado sea más eficaz en atender las necesidades de los ciudadanos y que sea haga uso racional de los recursos, el Gobierno afina el Proyecto de Ley que modifica el Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratación Pública.
Esta iniciativa que ha sido objeto de un amplio proceso de consultas con la sociedad civil y la empresa privada próximamente deberá ser aprobada por el Consejo de Gabinete para su posterior presentación ante la Asamblea Nacional.
Mientras tanto, a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas y basados en el sistema PanamaCompra hasta el 31 de diciembre de 2015, se registró un total de 80,992 proveedores para el Estado inscritos.
Estas cifras, representan un aumento aproximado del 21.46% sobre la administración pasada en lo que a proveedores teniendo en cuenta que hasta el 31 de Diciembre de 2013 se contaba con un total de 66,682 proveedores inscritos. Este incremento refleja una mayor confianza de las empresas en venderle al Estado por la igualdad de oportunidades para todos.
Con respecto a las certificaciones emitidas, la Dirección General de Contrataciones Públicas emitió en 2014 un total de 1,611 certificados, en 2015 emitió un total de 4,143 certificados. Hasta la fecha en el mes enero del 2016 se han emitido un total de 213 certificados. Con estas certificaciones los solicitantes pueden participar de actos públicos que le abren la posibilidad de convertirse en proveedores del Estado.
Fortalecimiento institucional
En otro sentido, comprometido con el fortalecimiento efectivo de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en la República de Panamá, el presidente Varela sancionó la Ley de Carrera Judicial.
La norma que había sido presentada en 2008 como parte de los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia- representa un paso importante en el proceso de profesionalización y modernización del Órgano Judicial.
Esta norma tiene entre sus principales objetivos el establecimiento de los procedimientos para el ingreso, traslado y ascensos de aspirantes en las vacantes que se produzcan mediante la demostración de las habilidades y destrezas que deban exhibir en el desempeño, previa acreditación de sus antecedentes y méritos; instituir la jurisdicción especial de integridad y transparencia en el Órgano Judicial para el conocimiento de las faltas a través de la aplicación del procedimiento y las sanciones previstas en esta Ley.
Por primera vez en la historia el Gobierno realizó una convocatoria pública para elegir a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Después de un proceso transparente del que participaron y aportaron diversos sectores de la sociedad civil, fueron elegidos –de una lista de 153 aspirantes- dos profesionales para estos cargos.
Esto se realizó luego de que los postulados fueran sometidos a un riguroso examen de su formación académica y profesional, de sus vidas públicas y privadas, y fueron preguntados, cuestionados y evaluados por la Comisión de Credenciales Asamblea Nacional, en audiencias públicas y televisadas, para que el pueblo panameño y el país en general conociera de sus trayectorias y de sus capacidades, y finalmente fueron aprobados por el pleno de dicho Órgano del Estado.
Rendición de cuentas
En su esfuerzo por asegurar la transparencia consular y para que los recursos del pueblo sean administrados de manera responsable, el Gobierno redujo los montos de viáticos contingentes y comisiones a miembros del servicio exterior en los principales consulados (20) panameños de marina mercante.
Está medida le ahorrará al Estado panameño unos 20 millones de balboas durante el actual quinquenio y los fondos economizados darán paso a la implementación de medidas para potenciar y promover la marina mercante panameña.
Esta decisión además está acompañada de medidas que permiten un manejo más adecuado del sistema de consulados. Entre ellas destaca la creación de una cuenta bancaria única para las transacciones, de la cual se inició un plan piloto con 30 consulados, así como el establecimiento de una tabla de tarifas de costos en trámites consulares.
Además, se puso en funcionamiento un sistema de seguridad para documentación e información financiera, con lo que la Cancillería y la Autoridad Marítima de Panamá podrán monitorear en tiempo real el desempeño, procesos y transacciones de las gestiones de cada consulado.
Se sumó a esta iniciativa la modificación a la Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores que rige la Carrera Diplomática y Consular, esto con el propósito de adecuar el Servicio Exterior panameño a los requerimientos de la dinámica internacional actual. Esta medida permite que los graduados de Relaciones Internacionales y otras disciplinas afines, mediante concurso, formen parte del Servicio Exterior Panameño, fortaleciendo así la institucionalidad de la Cancillería. En la actualidad el Ministerio de Relaciones Exteriores está en la última fase del proceso de postulación de ingreso a la Carrera Diplomática y Consular.
