En estricto apego al orden constitucional de Panamá, el presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez declaró nulos los decretos ejecutivos a través de los cuales se concedieron indultos a 355 personas, en los últimos días el mes de junio pasado.
A través del Decreto Ejecutivo 472, publicado hoy en Gaceta Oficial, el Presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales y legales, declaró “nulos los Decretos Ejecutivos 265 y 266 de 24 de junio de 2014, el Decreto Ejecutivo 267 de 24 de junio de 2014 modificado por el Decreto Ejecutivo 276 de 25 de junio de 2014; el Decreto Ejecutivo 279 de 26 de junio de 2014; y los Decretos Ejecutivos 280, 281, 282, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 299, 300, 309, 310 y 311 de 30 de junio de 2014, por haber sido expedidos por autoridad sin competencia para producirlos, se revocan en todas sus partes, y se dejan si efectos los indultos concedidos en ellos”.
El Decreto también ordena enviar copia “a la Procuraduría General de la Nación, a fin de que se determine la responsabilidad disciplinaria, penal o patrimonial en que puedan haber incurrido los funcionarios que expidieron los indultos revocados”.
Indultos sin sustento jurídico
De acuerdo con el Decreto Ejecutivo, que además lleva la firma del ministro de Gobierno, Milton Henríquez, los decretos anulados pretendieron “extinguir la pena de delitos comunes, así como la acción penal, y aplicarse a casos sin condena, e incluso procedimientos administrativos y a las responsabilidades derivadas de los mismos, todo lo cual es indisponible al Órgano Ejecutivo en ejercicio de la prerrogativa constitucional de gracia”.
Además, no constó en el Ministerio de la Presidencia ni en el Ministerio de Gobierno expediente alguno que documentara que los indultos señalados fueron otorgados a personas condenadas por delitos políticos; igualmente, tampoco en el Tribunal Electoral se acreditó que las personas incluidas en los decretos ejecutivos mencionados, estuvieran condenadas antes de ser indultadas, por delitos políticos, mediante sentencia judicial en firme. La misma situación se presentó en la Dirección de Investigación Judicial y en la Corte Suprema de Justicia.
La decisión presidencial también subraya que “en adición a la apresurada expedición de numerosos indultos en un breve lapso, en los días finales de un mandato presidencial, las diligencia realizadas permiten confirmar la existencia entre los indultados de personas procesadas por graves delitos comunes, incluso por violaciones a los derechos humanos, así como de personas sin procesos ni condenas de ningún tipo, todas ellas excluidas en derecho de la posibilidad de ser indultadas, lo que consolida la convicción de que los decretos ejecutivos examinados se emitieron omitiendo los trámites necesarios para asegurar el debido proceso legal”.
