La Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción y la Dirección de Contrataciones Públicas suscribieron este miércoles un convenio de cooperación técnica e intercambio de información con miras a fortalecer las acciones encaminadas a prevenir y combatir la corrupción, a través de la aplicación de las políticas públicas de transparencia y rendición de cuentas y de capacitación entre ambas instituciones.
El acuerdo, que contiene cinco puntos, fue refrendado por Fernando Núñez Fábrega, en su calidad de Secretario Ejecutivo del citado Concejo y Eldis Sánchez, quien funge como director de Contrataciones Públicas.
La firma de este convenio se realizó como parte del Programa del Día Internacional contra la Corrupción, cuyo tema central fue: La Transparencia en la gestión pública como instrumento en la lucha contra la corrupción.
Núñez Fábrega y Sánchez, como representantes de ambas entidades, se comprometen a facilitar el intercambio de información y otras acciones que conlleven a la investigación y examen de las acciones administrativas que puedan degenerar en actos de corrupción y producir una lesión al patrimonio del Estado, ya sea en los actos de selección de contratistas o durante la ejecución del contrato o la fase post contractual.
Las partes se comprometen a colaborar dentro del área de sus competencias con actividades académicas tendientes a propiciar la capacitación y la educación continua en la materia relacionada con la transparencia, la rendición de cuentas, el proceso de contrataciones públicas, la prevención y el combate contra la corrupción y/o cualquier otra materia relacionada con las funciones de cada institución.
Esa cooperación técnica, al igual que el intercambio de información, la capacitación y todas las otras materias relacionadas con la ejecución de este convenio, serán coordinadas directamente por el Director General y el Secretario Ejecutivo o las personas que ambos designen para tales fines.
Como testigos de la firma de este convenio, que tiene una duración de dos años prorrogables, actuaron, el ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez; la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez; Esmeralda de Troitiño, magistrado vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y José Manuel Martínez, representante –jefe de la oficina Regional de Programas en Panamá de las Naciones Unidas contra la droga y el Delito.
