En las democracias modernas, la confianza ciudadana es tan importante como la ley escrita. Puede haber un marco institucional robusto, elecciones regulares y división de poderes, pero si la población desconfía de sus gobernantes y de las instituciones que los representan, el edificio democrático comienza a desmoronarse desde adentro. En Panamá, en 2025, ese proceso ya ha comenzado.
El Estado no solo debe ser funcional: debe ser legítimo. Y la legitimidad, en tiempos de desencanto social y redes hiperinformadas, no se hereda: se construye todos los días.
Confianza: un capital político en retroceso
Los estudios de opinión muestran una tendencia clara: la mayoría de las instituciones del Estado panameño enfrentan niveles bajos o decrecientes de confianza pública. Esta pérdida de credibilidad no responde a una sola causa, sino a una acumulación de episodios que han generado frustración: escándalos de corrupción, ineficiencia en los servicios, clientelismo, decisiones judiciales polémicas y ausencia de rendición de cuentas.
Este deterioro es más grave de lo que parece. La confianza es el cemento invisible que mantiene unido al sistema político. Sin ella, las normas se cuestionan, los liderazgos se debilitan y el vínculo entre ciudadanía y Estado se erosiona peligrosamente.
¿Qué instituciones inspiran más (o menos) confianza?
La Presidencia: legitimidad volátil
La confianza en el Órgano Ejecutivo depende en gran medida de la figura del presidente en funciones. Esta personalización del poder produce oscilaciones bruscas en la legitimidad institucional. Cuando el presidente cumple promesas y responde a las necesidades sociales, los niveles de aprobación suben. Pero cuando hay escándalos, crisis o decisiones impopulares, el desgaste es inmediato y profundo.
La Asamblea Nacional: entre la legalidad y el rechazo ciudadano
El Parlamento panameño es una de las instituciones con menor credibilidad. Persisten críticas sobre su representatividad real, el uso opaco de recursos y el mantenimiento de privilegios. Para muchos ciudadanos, la Asamblea es legal, pero no legítima, y esto debilita su rol como espacio de debate democrático y fiscalización del poder.
El sistema judicial: entre la necesidad y la sospecha
A pesar de reformas estructurales y avances en digitalización y procedimientos, el Órgano Judicial aún enfrenta una percepción extendida de impunidad y falta de imparcialidad. Casos de alto perfil sin resolución clara alimentan la sospecha de que hay “dos justicias”: una para los poderosos, otra para el ciudadano común.
El Tribunal Electoral: un activo institucional
Frente al deterioro de otras instituciones, el Tribunal Electoral mantiene un nivel relativamente alto de confianza, gracias a su eficiencia técnica, transparencia y neutralidad política. Esta confianza es esencial para la estabilidad democrática panameña, y debe protegerse con inversión, vigilancia y autonomía real.
Las fuerzas de seguridad: imagen ambivalente
La Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad enfrentan una percepción ambigua: si bien son vistos como necesarios, su efectividad y profesionalismo son puestos en duda, especialmente en zonas afectadas por delincuencia, abusos o falta de presencia estatal.
Liderazgo sin autoridad moral
La figura del político tradicional se ha debilitado. El ciudadano promedio percibe a los líderes como lejanos, privilegiados o desconectados de la realidad. Esta crisis de representación no solo afecta a los partidos políticos, sino al concepto mismo de liderazgo.
Los nuevos liderazgos ciudadanos emergen con fuerza en redes sociales, medios independientes o movimientos sociales. Sin embargo, aún no logran traducir su legitimidad informal en poder institucional. Esta brecha entre representación formal y autoridad social real es uno de los desafíos más complejos para la democracia panameña.
Factores estructurales de desconfianza
El desgaste institucional no puede explicarse solo por errores puntuales. Existen factores estructurales que alimentan la desconfianza:
- Corrupción persistente, percibida como sistémica.
- Falta de transparencia en la gestión pública.
- Desigualdad social, que crea la sensación de que el Estado protege a unos pocos.
- Ausencia de consecuencias visibles para los responsables de abusos.
Cuando estos factores se acumulan, el ciudadano deja de creer, se desconecta o se vuelve cínico frente a la política.
¿Cómo se recupera la confianza?
No basta con discursos. La confianza se reconstruye con hechos verificables, resultados tangibles y cambios sostenidos. Algunas claves incluyen:
- Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.
- Invertir en servicios públicos de calidad.
- Garantizar la independencia judicial.
- Promover una cultura política de integridad y vocación pública.
La confianza es lenta de construir y rápida de perder. Por eso, cada acción institucional debe ser consciente de su impacto en la percepción pública.
Sin confianza no hay Estado viable
Panamá no necesita solo leyes ni reformas técnicas. Necesita reconstruir el pacto de confianza entre el ciudadano y sus instituciones. El país tiene la ventaja de contar con algunos activos institucionales sólidos, pero el desafío es lograr que esos activos sean reconocidos y valorados por la sociedad.
La legitimidad no se decreta desde un despacho ni se compra con campañas. Se construye día a día, con ética pública, con transparencia, y con una vocación real de servicio.
Adelanto del próximo artículo:
Cohesión social en riesgo: desigualdad, violencia y exclusión en el Panamá contemporáneo
